En la recta final hacia las elecciones legislativas nacionales, un intenso debate se desató luego de polémicos comentarios realizados por los comunicadores Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat. Ambos, desde sus respectivos espacios mediáticos, ironizaron sobre la reciente incorporación de Diego Santilli como primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. La controversia surgió porque, en la Boleta Única de Papel, aún figura el nombre de José Luis Espert, a pesar de la resolución judicial que habilita a Santilli a encabezar la nómina.

La sátira de Brancatelli, transmitida por televisión de cable, y de Rosemblat en su canal de streaming, giró en torno a la sugerencia –en tono humorístico– de tachar el nombre de Espert en la boleta o reclamar públicamente por la inclusión de Santilli. Sin embargo, este recurso humorístico fue recibido con críticas y preocupación en redes sociales y en círculos políticos, al considerar que podía inducir a error a los votantes de cara al inminente proceso electoral.

El penalista Leonardo Sigal reaccionó formalmente ante esta situación y presentó una denuncia en la justicia federal de La Plata. Solicitó que se investigue si las declaraciones de Brancatelli constituyen un delito, ya que la ley penaliza a quienes inciten a votar de determinada forma, abstenerse o a alterar la boleta electoral, actos que pueden llevar a la nulidad del voto. Según la legislación vigente, esta conducta podría ser reprimida con prisión de un mes a tres años. “Esperamos que la Justicia actúe en defensa de la democracia”, manifestó Sigal en medios de prensa locales.

Las repercusiones en el ámbito mediático y político no se hicieron esperar. El periodista Luis Novaresio, por ejemplo, utilizó sus redes sociales para repudiar la actitud de los conductores, asegurando que lejos de tratarse de un chiste inocente, se trataba de una expresión autoritaria y un gesto que, según él, atenta contra los principios básicos de la democracia. Novaresio enfatizó que bromear acerca de inducir el voto anulado podría tener consecuencias graves para el proceso democrático.

Desde el arco político, el exdiputado Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) también se sumó a las críticas, interpelando directamente a Rosemblat. Con ironía, Moritán preguntó qué deberían hacer los electores si al buscar la boleta de Cristina Fernández de Kirchner —ex presidenta, actualmente con prisión domiciliaria tras una condena por corrupción en la causa Vialidad— no la encontraran. Así, puso en evidencia la sensibilidad y potencial impacto que pueden tener estas intervenciones mediáticas en el electorado.

En el sector libertario, la reacción fue igualmente contundente. Numerosas cuentas en redes sociales repudiaron los dichos de Brancatelli y Rosemblat, e incluso se compartieron instrucciones sobre cómo los ciudadanos podían presentar denuncias ante la justicia electoral y subir los videos de los comunicadores como prueba. Juan Pablo Carreia, director de Comunicación Digital de la Casa Rosada y titular de la cuenta «Juan Doe», remarcó que si un dirigente de La Libertad Avanza hubiera hecho comentarios similares, ya estaría siendo investigado por la justicia electoral, y probablemente enfrentaría un repudio público de los principales referentes políticos de la oposición.

El episodio pone el foco en el rol de los comunicadores y el alcance de sus mensajes en tiempos electorales. La línea entre la sátira política y la potencial inducción a prácticas prohibidas por la ley electoral parece más delgada que nunca, en un escenario donde la viralización y la inmediatez de las redes sociales pueden amplificar cualquier declaración, con consecuencias aún imprevisibles tanto para los involucrados como para el clima democrático en general.