El oficialismo dio un paso clave en el Senado para lograr la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei. La Comisión de Presupuesto y Hacienda firmó dictamen sin modificar el texto que llegó desde Diputados, mientras el Gobierno ya admite que negociará retoques de cara a la votación en el recinto.

La jornada estuvo marcada por una fuerte discusión entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro en torno al financiamiento educativo, al tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que la ley le habilite una amplia capacidad de endeudamiento en dólares.

Dictamen sin cambios, negociación en marcha

La comisión que encabeza el libertario Ezequiel Atauche emitió dictamen reproduciendo el texto aprobado en Diputados, pese al revés que significó la caída del capítulo 11, que incluía la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad. El despacho reunió 11 firmas de La Libertad Avanza y de aliados de la UCR y el PRO, mientras que Unión por la Patria y la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) se abstuvieron de acompañar.

Minutos después de la firma, Atauche dio por concluida la reunión y elogió a Guberman por su exposición ante los senadores. Desde el oficialismo remarcan que el objetivo es llegar al recinto la próxima semana con un paquete de eventuales modificaciones ya conversadas con los bloques dialoguistas.

Superávit como “regla de oro” y fecha para la votación

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, celebró el avance del proyecto y confirmó que el Presupuesto 2026 se debatirá en el recinto el viernes 26 de diciembre al mediodía, junto con la denominada “Ley de inocencia fiscal”.

Bullrich insistió en que el programa económico del Gobierno se sostiene sobre el equilibrio de las cuentas públicas. Definió al superávit fiscal como la “regla de oro” que el oficialismo no está dispuesto a alterar y subrayó que el Presupuesto respeta las tres anclas centrales del plan económico de Milei. También adelantó que, si hubiera que corregir desbalances, no se hará vía esta ley sino mediante otros instrumentos.

Caputo y la llave para emitir deuda externa

Detrás de la premura por lograr la sanción definitiva aparece una prioridad central para el equipo económico: la autorización para tomar nueva deuda. El proyecto prevé un tope de endeudamiento de 288 billones de pesos para 2026 y, según el artículo 43, hasta el 18% de ese total podría emitirse en moneda y bajo jurisdicción extranjera.

De acuerdo con estimaciones privadas, ese margen representa aproximadamente 23.000 millones de dólares en títulos colocados en el exterior. Caputo considera esa herramienta imprescindible para volver a los mercados internacionales, realizar canjes de deuda y extender vencimientos con bonistas, en un intento por aliviar el perfil de pagos de los próximos años.

Choque por el presupuesto educativo

El tramo más tenso de la audiencia se produjo cuando De Pedro cuestionó el tratamiento del gasto en educación. Guberman defendió el plan oficial al señalar que el crédito para el área crecerá 7,8% en términos reales y afirmó que se trata de una de las partidas con mayor incremento dentro del Presupuesto.

El funcionario vinculó ese aumento con la necesidad de lanzar un programa de alfabetización para revertir lo que describió como un grave deterioro de la calidad educativa heredado de la gestión de Alberto Fernández. Sostuvo que las críticas opositoras responden más a intereses políticos que a datos concretos.

De Pedro replicó que presentar ese número como una mejora en la inversión educativa es, a su juicio, una “falta de respeto” a la inteligencia del cuerpo legislativo. Recordó que, según sus cálculos, desde la asunción de Milei el presupuesto educativo acumuló una caída del 45% en términos reales y acusó al Gobierno de intentar maquillar ese ajuste.

Pobreza, provincias y estructura del gasto

En su exposición general, Guberman aseguró que los últimos indicadores sociales muestran una reducción de la pobreza superior a la registrada durante todo el mandato de Alberto Fernández e incluso a la de buena parte del gobierno de Mauricio Macri. Atribuyó ese cambio a los resultados del programa económico y sostuvo que la ciudadanía ya los está percibiendo, aunque admitió que el proceso no avanza al ritmo deseado por el Ejecutivo.

El secretario también se refirió a la relación financiera con las provincias. Afirmó que el Gobierno está dispuesto a “poner sobre la mesa” todas las deudas recíprocas en el marco de un régimen de extinción de obligaciones y mencionó acuerdos bilaterales ya firmados, como el que se viene ejecutando con Córdoba desde mayo.

Al explicar la rigidez del Presupuesto, detalló que el 45% del gasto proyectado se destina a jubilaciones y pensiones, 16% a asistencia social, 11% a salarios públicos y 9% al pago de intereses de la deuda. Según sus números, ese 82% deja muy poco margen de maniobra: los subsidios al transporte y la energía y el gasto universitario suman casi 10 puntos adicionales, el gasto de capital ronda el 2% y apenas un 7% queda para el resto de las erogaciones, como seguridad interior o compra de medicamentos y vacunas.

Avanza la “inocencia fiscal” y la reforma penal tributaria

En paralelo al debate presupuestario, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales inició su trabajo bajo la presidencia del libertario riojano Juan Carlos Pagoto, ratificado en el cargo. Allí comenzó la discusión de la reforma del Régimen Penal Tributario, conocida en el oficialismo como proyecto de “inocencia fiscal”, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Pagoto planteó la necesidad de actualizar los montos que determinan la punibilidad de la evasión, tanto mínimos como máximos. El peronismo participó de la reunión con un solo representante, Mariano Recalde, en línea con la estrategia de Unión por la Patria de impugnar la conformación de las comisiones por considerar que no reflejan la verdadera correlación de fuerzas del Senado.