Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre la posibilidad de que Argentina colabore militarmente con Estados Unidos reavivaron un debate central: quién tiene la facultad de decidir el envío de tropas al exterior. Legisladores opositores y aliados del oficialismo salieron a marcar límites y recordaron que la Constitución reserva esa atribución al Congreso.

La polémica se disparó tras un mensaje en redes sociales del dirigente republicano en Israel, Marc Zell, quien afirmó que Argentina estaría enviando unidades navales para contribuir con Estados Unidos en la protección del tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. Esa versión no tardó en repercutir en Buenos Aires y forzó definiciones del Gobierno nacional.

Consultado por el diario El Mundo, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, sostuvo que, si Washington lo solicitara, el país estaría dispuesto a colaborar. “Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, dijo, aunque aclaró que hasta el momento no existía ningún pedido formal en ese sentido.

En la misma línea, pero con un tono más cauto, el canciller Pablo Quirno fue entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann y calificó las versiones como “rumores”. Sin embargo, evitó cerrar la puerta a una eventual cooperación militar: remarcó que el Gobierno tiene una posición clara sobre de qué lado se ubica en el escenario internacional y dejó entrever que, si se requiriera apoyo argentino, la Casa Rosada ya definió su alineamiento.

Las respuestas oficiales se sumaron a expresiones previas de Milei durante su último viaje a Estados Unidos. En una presentación en la Universidad Yeshiva de Nueva York, el mandatario se autodefinió como “el presidente más sionista del mundo” y, en referencia al conflicto en Medio Oriente, afirmó: “Vamos a ganar la guerra”. Esa frase, leída en clave de política exterior, encendió alarmas en el Congreso.

El diputado radical Pablo Juliano fue uno de los más duros en cuestionar al Presidente. Señaló que Milei incurre en actitudes “payasescas” durante sus giras y lo acusó de poner en riesgo a la población al hablar de guerra en nombre del país. Recordó que la Constitución establece que es el Parlamento quien debe autorizar tanto el movimiento de tropas como una eventual declaración de guerra. “No estamos en guerra con nadie y si pasa algo en nuestro país el responsable único será Javier Milei”, advirtió.

El marco jurídico es claro: el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad exclusiva de aprobar la entrada de fuerzas extranjeras al territorio argentino y la salida de efectivos nacionales. Esa potestad se ejerce de manera rutinaria: cada año el Poder Legislativo vota autorizaciones para ejercicios y despliegues militares en el exterior. Además, la declaración formal de guerra también es prerrogativa parlamentaria; el Poder Ejecutivo solo puede ordenar acciones militares directas en situaciones de emergencia o ante un ataque al país.

En el oficialismo, en tanto, procuran bajar el tono. Dirigentes cercanos a la Casa Rosada aseguran que no existe ningún requerimiento de asistencia por parte de Estados Unidos y subrayan que, aun si hubiera una solicitud, Argentina no dispone hoy de los medios materiales suficientes para involucrarse en una operación de ese tipo en el Estrecho de Ormuz.

Lo que sí se descuenta es que, en el corto plazo, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el acuerdo conocido como “Escudo de las Américas”, una iniciativa de cooperación militar multinacional impulsada durante la presidencia de Donald Trump y a la cual Argentina ya adhirió. Ese entendimiento deberá ser analizado y eventualmente aprobado por el Parlamento, que buscará evaluar su alcance y sus implicancias en materia de defensa y política exterior.

El debate legislativo sobre el rol de las Fuerzas Armadas se trasladó también al Senado, donde esta semana quedó conformada la comisión de Defensa. El cordobés Luis Juez, aliado de La Libertad Avanza, fue elegido presidente del cuerpo. Durante la sesión constitutiva, el senador peronista Jorge Capitanich solicitó que se organice una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Capitanich planteó la necesidad de revisar la infraestructura disponible, actualizar las hipótesis de conflicto en un escenario internacional marcado por múltiples focos bélicos y analizar cómo se protegen los activos estratégicos de la Argentina. “¿Es posible tener una reunión para observar la infraestructura disponible, la hipótesis de conflicto en un contexto donde el mundo tiene multiplicidad de conflictos y un análisis clave en términos de protección de activos estratégicos de la República Argentina?”, preguntó el chaqueño.

Juez coincidió con el planteo y adelantó que ya está trabajando para concretar ese encuentro, ya sea con una visita de los senadores al Ministerio de Defensa o con la presencia de Presti en el Congreso. Para el legislador, se trata de una prioridad en momentos en que la agenda de seguridad y defensa vuelve al centro de la escena por las definiciones del Gobierno en política exterior.