El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizó una áspera presentación en el Senado al defender el proyecto de ley de Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo. La exposición derivó rápidamente en un choque político con la oposición, que centró sus críticas más en el pasado del funcionario que en el contenido de la iniciativa.

Tras una breve explicación inicial, Sturzenegger repasó los ejes centrales del texto y recordó que fue elaborado en el marco del denominado Pacto de Mayo. Luego se abrió la ronda de preguntas y los primeros en intervenir fueron los senadores de Unión por la Patria, que apuntaron de lleno al historial del ministro en anteriores gestiones.

El jefe del bloque opositor, José Mayans, marcó desde el inicio que el debate no se limitaba al articulado del proyecto, sino también a quién lo presentaba. El formoseño dedicó varios minutos a repasar la trayectoria de Sturzenegger, destacando su rol como parte del equipo económico de Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando de la Rúa y, años más tarde, su presidencia del Banco Central bajo la administración de Mauricio Macri.

Mayans vinculó a Sturzenegger con el megacanje de deuda que antecedió a la crisis de 2001 y lo responsabilizó por la masiva emisión de LEBAC en 2018, a la que asoció con un ciclo de especulación financiera y con el posterior endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En medio de esa exposición, el senador deslizó la única pregunta directa que formuló, que no tuvo que ver con la letra del proyecto, sino con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: le consultó a Sturzenegger si consideraba creíble que Adorni hubiera financiado un departamento a través de seis jubiladas, a razón de cien mil dólares cada una, en el marco de causas judiciales que investigan la adquisición de inmuebles.

El clima se recalentó aún más con la intervención del senador Martín Soria, ex ministro de Justicia, quien rebautizó al funcionario como “Destruczenegger” y sostuvo que su presencia en el Senado era una “grotesca provocación”. Soria lo acusó de haber sido parte de decisiones que derivaron en el blindaje, el megacanje y el corralito, y lo responsabilizó por la pérdida de los ahorros de los argentinos a comienzos de siglo. A partir de ese historial, cuestionó que ahora sea él quien llegue al Congreso a hablar sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.

Al momento de responder, Sturzenegger cedió las explicaciones técnicas del proyecto a su equipo y se concentró en contestar, de manera escueta, los ataques políticos. Señaló que Soria había mezclado hechos y períodos de gobierno en los que él no había participado, y retrucó con ironía al mencionar que, al menos, no lo habían responsabilizado por la crisis económica bajo la gestión de Sergio Massa.

Luego, el ministro buscó dar vuelta el eje del debate y se dirigió al conjunto de la oposición: les preguntó si se habían detenido a pensar por qué habían perdido las últimas elecciones y atribuyó ese resultado al éxodo de jóvenes que, según dijo, dejaron el país ante la falta de oportunidades. Afirmó que su defensa del proyecto se basa en la necesidad de generar condiciones para que sus propios hijos puedan quedarse en Argentina, y sostuvo que el marco legal vigente actúa como un cerco contra la producción, la inversión, el empleo y la creación de riqueza.

La senadora Florencia López retomó el cuestionamiento al remarcar que, pese al discurso de cambio, el Gobierno volvió a recurrir a un funcionario asociado, según ella, a episodios como el megacanje y al endeudamiento que derivó en el acuerdo con el FMI. También lo vinculó con los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sturzenegger se limitó a responder que todas las afirmaciones eran falsas, sin entrar en mayores precisiones.

Ante la escalada verbal, los senadores de La Libertad Avanza intervinieron para respaldar al ministro y tratar de modificar el tono del intercambio. El jujeño Ezequiel Atauche criticó la “fragilidad” de los argumentos opositores y acusó a Unión por la Patria de querer borrar dos décadas de gestión que, a su criterio, dejaron al país en la situación de la que el actual Gobierno intenta salir. En su intervención, apuntó contra las políticas de corte “izquierdista” y mencionó a Milagro Sala como ejemplo.

En paralelo al cruce político, quedaron expuestos los lineamientos centrales del proyecto de Propiedad Privada, que consta de 53 artículos y propone modificaciones en varias normas: la ley de expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial en materia de desalojos, el régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana de barrios populares, la ley de tierras rurales, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Ley de Manejo del Fuego impulsada en su momento por Máximo Kirchner.

Sturzenegger definió la iniciativa como un compendio de reformas destinado a corregir lo que considera violaciones al artículo 17 de la Constitución, que protege la propiedad privada. En el capítulo sobre desalojos, el texto propone agilizar los procesos mediante la vía sumarísima, habilita la restitución anticipada del inmueble cuando haya verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial, moderniza las notificaciones incorporando el domicilio electrónico y otorga mayores facultades a los jueces para identificar ocupantes y garantizar la ejecución de sus decisiones.

Otro eje sensible es el de la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto plantea que la restricción no se aplique de manera general a todos los no residentes, sino específicamente a personas físicas o jurídicas vinculadas a Estados extranjeros, como empresas con participación estatal. Según explicó el ministro, la normativa vigente permite comprar hasta mil hectáreas sin autorización, mientras que la nueva redacción exige aval oficial aun para una sola hectárea si hay capital estatal involucrado.

La propuesta incorpora una excepción para aquellas operaciones que no representen un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional, y deja en manos de la reglamentación el procedimiento para autorizar o rechazar cada caso. Sobre este punto, el senador opositor Fernando Salino reclamó que el mecanismo quede detallado en la propia ley, al afirmar que no confían en quienes deben reglamentarla. Sturzenegger respondió que el oficialismo está dispuesto a recibir sugerencias y eventuales cambios en esa materia.