El juicio a Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas continúa demorándose, y el fiscal general Diego Velasco ha intensificado sus reclamos para que el proceso avance. Las acusaciones, que involucran a las empresas familiares Hotesur y Los Sauces, se centran en maniobras realizadas entre 2008 y 2015 para blanquear al menos 120 millones de pesos. El expediente, que se reabrió a fines del año pasado tras un fallo de la Corte Suprema, sigue estancado a la espera de una pericia contable clave.

El foco de la investigación está puesto en dos compañías: Hotesur, dedicada al rubro hotelero, y Los Sauces, del ámbito inmobiliario. Ambas, según sostiene el Ministerio Público Fiscal, fueron utilizadas como vehículos para simular contratos de alquiler y legitimar fondos cuyo origen estaría en sobreprecios de la obra pública. Un denominador común en ambos emprendimientos es la figura de Lázaro Báez, quien actuó como inquilino en la inmobiliaria y gestionó los hoteles de la familia Kirchner.

El circuito de dinero investigado tiene como punto de partida los contratos viales que Báez obtenía durante los gobiernos kirchneristas. Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, recibía fondos estatales por obras públicas y luego transfería recursos a sus otras firmas, como Valle Mitre, encargada de explotar los hoteles de los Kirchner. Estas empresas, a su vez, emitían pagos a Hotesur y Los Sauces, generando ingresos que, según la acusación, volvían a la familia Kirchner bajo la apariencia de transacciones legales.

Entre 2009 y 2013, por ejemplo, Báez transfirió casi 28 millones de pesos a la ex presidenta por la explotación de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. Además, varias empresas del Grupo Austral alquilaron habitaciones hoteleras por sumas millonarias, aunque muchas de ellas nunca fueron realmente utilizadas. Solo entre 2010 y 2011, la mitad de la facturación del Alto Calafate provino de seis compañías de Báez. En total, estas maniobras garantizaron ingresos por al menos 11 millones de pesos.

El expediente señala que ni Hotesur ni Los Sauces tenían sedes comerciales propias y que las operaciones de blanqueo se realizaron principalmente a través de contratos simulados o innecesarios. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el lavado de dinero no se limitó a Báez, sino que los destinatarios finales del dinero eran los titulares de las empresas familiares Kirchner.

La causa se encuentra radicada en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), compuesto por los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Pallioti, con Velasco como fiscal a cargo de la acusación. En diciembre, sin embargo, el juez Toselli dejará su subrogancia, por lo que será necesario integrar un nuevo magistrado al tribunal, sumando otra complicación al cronograma procesal.

El retraso principal está vinculado a la pericia contable sobre Los Sauces, que aún está pendiente. El fiscal Velasco solicitó formalmente que los peritos informen sobre el estado del estudio y fijen una fecha estimada de finalización, para poder avanzar hacia el juicio oral. La pericia sobre Hotesur ya fue entregada y refuerza la hipótesis de que la empresa solo recibía fondos provenientes del circuito de obra pública controlado por Báez.

Hasta que no se complete la prueba suplementaria, el tribunal no podrá fijar fecha de inicio para el juicio. Esta situación beneficia a la ex presidenta y su hijo, ya que el debate oral probablemente no comience antes de 2026. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal insiste en la necesidad de dar previsibilidad y celeridad al proceso judicial, cuyas dilaciones se acumulan pese a la gravedad de las acusaciones y los antecedentes condenatorios en el caso Vialidad.

En el fallo del Tribunal Oral Federal 2 por la causa Vialidad, Cristina Kirchner y Báez ya fueron condenados por defraudación al Estado, y se estableció que el dinero obtenido de manera irregular en la obra pública terminaba en las empresas familiares de la ex mandataria. Ahora, el desafío es que el juicio por Hotesur y Los Sauces finalmente llegue a la instancia oral, para determinar la responsabilidad penal de los acusados en el presunto circuito de blanqueo de fondos y dádivas.