Por primera vez desde que cumple su condena, Cristina Kirchner ha dado una orden clara a su círculo más cercano: es el momento de negociar con el gobierno de Javier Milei la designación de los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo.

Según fuentes con contacto regular con la ex presidenta, Cristina considera que la coyuntura actual ofrece una oportunidad inédita para lograr acuerdos en estos puestos cruciales. La razón es simple: a partir de diciembre, el Senado estará dividido casi en partes iguales entre el bloque peronista, que contará con 28 senadores, y el oficialismo, que tendrá 20. Juntos, suman los 48 votos necesarios para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución para designar jueces del máximo tribunal y al procurador general.

La iniciativa incluye también la discusión sobre la Defensoría del Pueblo, un cargo que lleva 16 años vacante y que precisa el voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. En Diputados, la situación es más compleja ya que la bancada de Unión por la Patria no responde de manera vertical a Cristina y muestra menos homogeneidad que el bloque del Senado.

Para liderar la negociación, Cristina ha designado a Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión marca un giro en la estrategia del kirchnerismo, luego de que figuras como Juan Manuel Olmos y Eduardo «Wado» de Pedro, responsables de gestiones anteriores, perdieran la confianza de la ex mandataria. Según se comenta en el entorno peronista, Cristina les atribuye no haber logrado evitar la ratificación de su condena y observa que De Pedro, en particular, tuvo escasa relevancia en la campaña electoral reciente de la provincia de Buenos Aires.

Entre los puntos que Cristina pretende impulsar se encuentra la propuesta de que una de las designaciones para la Corte Suprema recaiga en una mujer. Si bien se habían barajado nombres como el de Graciana Peñafort, la ex presidenta preferiría a otra candidata. El año pasado, promovió a la ex senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun, una dirigente valorada dentro del peronismo.

En el oficialismo, la estrategia respecto a la Corte ha tenido idas y vueltas. Tras el rechazo en abril de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por Milei, la Casa Rosada no ha dejado en claro si buscará reactivar el diálogo. La reciente victoria electoral, que robusteció la figura de Karina Milei en la interna oficialista, podría abrir un nuevo capítulo en la negociación. No obstante, una fuente oficial que pidió anonimato sostuvo que si bien no existe confirmación de contactos recientes, el gobierno siempre mantuvo la intención de resolver estas vacantes y que el contexto post-elecciones podría facilitar conversaciones renovadas.

En cuanto a la Procuración General de la Nación, el puesto permanece vacante desde 2017 y es ocupado de manera interina por el fiscal Eduardo Casal. Completar ese nombramiento es otra de las prioridades de Cristina, quien busca incluirlo en el paquete de acuerdos junto a los dos asientos de la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo. Desde el kirchnerismo, la fórmula es clara: dos cargos para cada fuerza política.

El resultado de estas negociaciones no solo definirá el futuro inmediato de los organismos de control y justicia en Argentina, sino que podría modificar el equilibrio de poder en la administración de Milei. Con el bloque peronista como actor indispensable para alcanzar los votos reglamentarios, el oficialismo no podrá avanzar sin sentarse a la mesa con la oposición. Así, la señal de Cristina Kirchner marca el inicio de una pulseada política que promete ser determinante para el rumbo institucional del país en los próximos años.