El juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, en la que Cristina Kirchner figura como principal acusada en el rol de jefa de una asociación ilícita, se encuentra en una etapa decisiva. El próximo martes, la Superintendencia de la Cámara de Casación mantendrá una reunión clave con los integrantes del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), con el objetivo de definir mecanismos que agilicen el desarrollo del proceso, considerado el mayor en la historia judicial argentina en materia de corrupción.

En este encuentro, que se celebrará al mediodía, estarán presentes los jueces del TOF 7 —Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— junto a las máximas autoridades de la Cámara de Casación, encabezadas por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, además de los presidentes de sus salas. La finalidad es analizar alternativas para imprimir mayor celeridad al juicio, incluyendo la posibilidad de aumentar la frecuencia de las audiencias y evaluar si la virtualidad puede ser reemplazada por la presencialidad.

El debate sobre el ritmo y la modalidad de las audiencias cobró fuerza luego de que, en la primera semana del juicio, surgieran críticas relacionadas con el uso de plataformas virtuales y la programación de solo una audiencia semanal hasta marzo de 2026. Tras la convocatoria de Casación, el TOF 7 revisó esos criterios y anunció que, desde el 25 de noviembre, el juicio se realizará dos veces por semana, los martes y jueves. Además, las declaraciones indagatorias serán presenciales, mientras que quienes no declaren podrán seguir las audiencias de forma remota.

La decisión fue adoptada por unanimidad, aunque algunos abogados defensores expresaron su disconformidad, calificando el cambio como una concesión a presiones mediáticas y advirtiendo que altera el cronograma previsto. Sin embargo, todas las partes involucradas ya fueron notificadas de la nueva dinámica.

La causa de los Cuadernos de las Coimas involucra a 86 de los 126 imputados iniciales, entre los que se encuentran exfuncionarios y empresarios. Un tramo específico, centrado en el lavado de activos, se prevé que comenzará en 2026. El expediente tiene como particularidad la existencia de 25 imputados colaboradores que admitieron haber participado en la recaudación de pagos ilegales, y otros que reconocieron haber realizado tales pagos. Algunos exfuncionarios y secretarios privados también aportaron detalles sobre el traslado de fondos ilícitos a la provincia de Santa Cruz.

No obstante, persiste la controversia sobre quiénes pueden participar de la reunión del martes. Las defensas de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta —representados, entre otros, por Carlos Beraldi— solicitaron estar presentes en el encuentro. Sin embargo, la Cámara de Casación rechazó la petición, recordando que se trata de una reunión administrativa, tradicionalmente reservada a magistrados y sin intervención de las partes procesales. El TOF 7 trasladó el pedido al máximo tribunal penal, dejando constancia de que otros abogados también desean participar, pero la respuesta fue negativa.

El uso de la Sala AMIA, la más espaciosa del edificio de Comodoro Py, se perfila como una posible solución para retomar la presencialidad, aunque su disponibilidad estuvo limitada por obras de remodelación. El tribunal también solicitó autorización a la Corte Suprema para utilizar la Sala de Derechos Humanos, buscando implementar un esquema híbrido que combine la presencia física de los protagonistas centrales con la participación remota del resto, en línea con el artículo 378 del Código Procesal Penal.

El debate sobre la potestad de la Superintendencia para modificar el cronograma de trabajo también está abierto. Si bien la jurisdicción para definir la modalidad de las audiencias recae sobre los tribunales orales, Casación puede sugerir cambios en la metodología empleada. Según fuentes judiciales, no hay consenso en Comodoro Py y la resolución final podría conocerse recién el martes, cuando se defina si el proceso avanzará con más audiencias presenciales y un calendario más ajustado.

Así, el juicio por los Cuadernos de las Coimas se enfrenta a un momento determinante, en el que se discute no solo la responsabilidad de los acusados, sino también la transparencia y eficiencia del sistema judicial argentino en casos de alto perfil.