Tierra del Fuego atraviesa una etapa de fuerte presión fiscal y redefinición de su modelo productivo, en medio de un vínculo cada vez más áspero con el gobierno nacional. Desde la administración provincial remarcan que, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, no se giró a la provincia ni un solo Aporte del Tesoro Nacional (ATN), lo que profundizó las dificultades para sostener gastos corrientes y programas clave.

En ese contexto, el gobierno fueguino acudió a adelantos de coparticipación por unos $15.000 millones, que –según explican– se devolvieron dentro del mismo mes en que fueron otorgados. Parte de esos fondos se destinó al pago de salarios, en una provincia cuya masa salarial ronda los $60.000 millones mensuales. Aun así, admiten que la situación con los proveedores es delicada y que el margen de maniobra es cada vez más estrecho.

Funcionarios del entorno del gobernador Gustavo Melella destacan que, pese a las dificultades, la provincia decidió cancelar en su totalidad una letra financiera para la que no obtuvo autorización de rolleo. Como argumento de solvencia, señalan que se mantiene al día el pago de la deuda en dólares tomada durante la gestión de Rosana Bertone, con cuotas trimestrales. Sin embargo, reconocen que, frente al actual esquema económico nacional, los instrumentos institucionales para amortiguar el impacto son prácticamente nulos y que solo queda apelar al diálogo político y financiero.

La salida de Francisco Devita y la herencia de un déficit condicionado por Nación

En medio de este cuadro renunció el ministro de Economía, Francisco Devita, quien defendió su gestión al frente de la cartera. El exfuncionario sostuvo que el déficit provincial se explica, en gran medida, porque la administración fueguina optó por sostener erogaciones que antes financiaba la Nación y que fueron dadas de baja o recortadas.

Devita detalló que la provincia continuó abonando el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a los maestros, compensó la reducción del subsidio al gas, garantizó la provisión de medicamentos y mantuvo en funcionamiento el Plan Sumar, orientado a personas de menores recursos. “Fue la provincia la que se hizo cargo”, enfatizó, al remarcar que estos compromisos se mantuvieron aun en un escenario de caída sistemática de recursos nacionales.

Cerca del Ejecutivo provincial atribuyen la renuncia de Devita al desgaste propio de administrar una economía sin refuerzos extraordinarios, aunque aseguran que seguirá vinculado al área económica del gobierno. En privado, admiten que la situación financiera es “difícil” y que las alternativas de financiamiento se han ido acotando.

Alejandro Barrozo toma el mando: diversificación y nuevas fuentes de financiamiento

El reemplazante de Devita es Alejandro Barrozo, hasta ahora titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). El nuevo ministro llega con la consigna de profundizar una diversificación productiva que reduzca la dependencia del régimen de promoción industrial electrónico, golpeado por la apertura importadora y la baja de aranceles.

Barrozo advirtió que el sector textil fue particularmente castigado, con una fuerte pérdida de producción y puestos de trabajo. En contraste, expresó expectativas respecto del negocio energético, especialmente por la reactivación de la actividad petrolera en el norte de la provincia tras el traspaso de activos de YPF a la empresa provincial Terra Ignis.

En el plano fiscal, el flamante ministro remarcó que se presentó un presupuesto “austero y responsable” y subrayó la necesidad de contar con instrumentos de financiamiento de corto plazo, como letras de Tesorería emitidas y canceladas dentro del mismo ejercicio. Estas definiciones llegan luego de que la Fiscalía de Estado rechazara una readecuación del programa de emisión de letras aprobado por la Legislatura a comienzos de 2025.

Ante esa negativa, Melella apeló a un anticipo de pago de impuestos por parte de las empresas electrónicas y luego gestionó asistencia ante la Nación. Ese camino derivó en un convenio marco firmado el 2 de enero con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que prevé un desembolso de $20.000 millones en enero como adelanto de coparticipación, a devolver en el mismo mes con una tasa TAMAR en pesos de bancos privados.

Mirando hacia adelante, Barrozo también destacó la reciente modificación de la Ley de Salmonicultura, aprobada a fines de 2025, que habilita un desarrollo acuícola regulado en zonas específicas, con especies nativas y controles ambientales estrictos. La iniciativa abrió un debate entre impulso productivo y resguardo ecológico, pero el gobierno provincial la ve como una oportunidad de expansión para 2026, siempre supeditada a una eventual mejora del contexto nacional.

Industria electrónica: números mixtos y empleo en la mira

El corazón del modelo fueguino, la industria electrónica, muestra un cuadro heterogéneo según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). En 2025, la producción de televisores alcanzó 3.200.143 unidades, muy por encima de las 2.058.270 de 2024 y de las 2.454.508 de 2023. En aires acondicionados se fabricaron 1.516.793 equipos, un volumen superior al de 2024 pero aún por debajo de 2023. En cambio, los celulares cerraron 2025 con 6.263.060 unidades, lejos de las 9.717.058 de 2023.

En el sector explican que 2023 estuvo marcado por una alta inflación que llevó a muchos consumidores a volcarse a bienes durables como refugio de valor, con fuerte presencia de planes de financiamiento y ahorro. Ese impulso se desplomó en 2024 y recién en 2025 se observó una recuperación parcial, sin alcanzar los niveles previos. El salto en televisores también se vincula con la previa del año mundialista y con un acuerdo de paz social que obligaba a mantener planteles entre mayo y diciembre, lo que llevó a adelantar producción.

Ese acuerdo, firmado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y AFARTE en el marco de la baja arancelaria y la apertura a importaciones, garantizaba una tregua gremial y la preservación de los puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2025. Su vencimiento dejó expuestos alrededor de 1.000 contratos. Desde las empresas admiten que nunca se consideró seriamente una renovación, aunque valoran que se abrió una mesa de diálogo donde se avanzó en mejoras logísticas, como la habilitación de bitrenes, para abaratar costos y hacer más competitiva la producción, en especial la de celulares.

El régimen fueguino bajo la lupa: celulares en debate y empleo estable

Para el economista Juan Carlos Hallak, investigador del CONICET y del IIEP (UBA), la medida más determinante sobre el régimen fueguino fue la reducción de aranceles a la importación de celulares, que cayeron al 8% en 2025 y llegarán a 0% el 15 de enero. A su juicio, el impacto pleno de esa decisión aún no se vio, pero considera que sería deseable que la fabricación de celulares deje de concentrarse en la isla, por tratarse del segmento con peor relación costo-beneficio, menor generación de empleo y baja complejidad tecnológica.

Hallak sostiene que focalizar el recorte de beneficios sobre ese producto es coherente, mientras que para el resto de los electrónicos destaca la baja de impuestos internos tanto para producción local como importada y la posibilidad de sumar la exención de IVA en ventas directas sobre el precio final, algo que –según afirma– termina favoreciendo a la plaza fueguina.

En términos laborales, el especialista estima que el régimen sostiene alrededor de 9.000 empleos, por encima del piso de 7.500 registrado en 2024 tras la caída de la demanda. Desde su perspectiva, no se observa una crisis de empleo atribuible al régimen industrial en sí, sino un problema de origen fiscal, vinculado al fuerte recorte de transferencias nacionales que golpea las cuentas públicas de Tierra del Fuego.