Un reciente informe expone una situación preocupante en la educación argentina: durante la última década, la inversión pública en el sector sufrió un marcado retroceso en casi todas las provincias. La evidencia revela que el financiamiento educativo provincial permanece estancado, con una disminución de su peso en los presupuestos locales y sin que los salarios docentes logren recuperarse frente a la inflación.
Región Pampeana: el recorte golpea donde más duele
La región Pampeana, que reúne la mayor cantidad de estudiantes del país (Buenos Aires, Córdoba, CABA, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos), experimentó recortes reales en todas sus provincias. Desde 2014 a la fecha, 16 provincias destinaron una menor proporción de sus recursos a la educación. El economista Osvaldo Giordano, exfuncionario nacional, atribuyó este deterioro a factores como la caída del PBI per cápita, alta inflación, pérdida de empleos de calidad, reducción de salarios y aumento de la pobreza. Según Giordano, la consecuencia directa es un déficit en la formación de niñas, niños y jóvenes, especialmente en los sectores más vulnerables, y considera que preservar y mejorar la gestión educativa es una de las reformas más urgentes en el país.
Impacto del fin del FONID y ajuste presupuestario
El cese del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto docente y era financiado por la Nación, obligó a las provincias a buscar recursos propios para cubrir ese bache. Solo algunas, como Chaco, Neuquén y Santiago del Estero, lograron compensar parcialmente su eliminación. En contraste, 11 provincias aplicaron recortes adicionales en áreas como infraestructura y programas escolares.
El economista Darío Rossignolo, de la UBA, advierte que los salarios docentes perdieron terreno en términos reales en casi todo el país, y que la inversión educativa perdió prioridad relativa, a pesar de una leve recuperación salarial en 2025 en 13 provincias. No obstante, 21 jurisdicciones permanecen por debajo de los niveles de 2023 y solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro superan los valores de 2014.
Panorama regional: desigualdades y retrocesos
En la región de Cuyo, todas las provincias -excepto San Luis- muestran en 2024 un gasto en educación inferior al de 2014. San Luis se destaca por mantener estable el porcentaje de gasto educativo, cerca del 30%. Sin embargo, los salarios docentes reales son más bajos que hace una década en todas las provincias de la región, y solo San Juan logró una leve suba salarial del 1,6% en 2025.
En el Nordeste (NEA), solo Chaco presenta una tendencia positiva y sostenida en el gasto educativo desde 2020. Las demás provincias -Corrientes, Formosa y Misiones- muestran caídas tanto en el gasto como en los salarios, siendo Misiones una de las jurisdicciones con los salarios docentes más bajos del país.
La región del Noroeste (NOA) también registra reducciones en el gasto en educación y cultura en 2024, salvo en Santiago del Estero. Salta y Santiago del Estero son las provincias con mayor proporción de gasto educativo (alrededor del 31%), aunque solo en Santiago del Estero los salarios docentes superan los valores de 2014. En 2025, los salarios reales continuaron cayendo en Salta, Catamarca y Tucumán.
Patagonia presenta un panorama dispar. Neuquén es la única provincia con un gasto educativo superior al de 2014 y que aumentó su inversión entre 2023 y 2024. Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego concentran los salarios docentes más elevados en 2025. Río Negro destaca por haber mantenido, a lo largo de la década, la mayor proporción de gasto total destinada a educación, superando el 30% en varias ocasiones.
Desafíos y advertencias para el futuro
El informe concluye que la educación quedó relegada como prioridad de la inversión pública, en un contexto de fuertes restricciones fiscales y búsqueda de equilibrio presupuestario. Los especialistas advierten que, sin una política federal clara de transparencia y seguimiento de los presupuestos, las diferencias entre sistemas educativos provinciales se profundizarán y la desigualdad se agravará. El reto de los próximos años será doble: recomponer el poder adquisitivo de los docentes y garantizar un financiamiento educativo sostenible, evitando la dependencia de transferencias extraordinarias o recortes coyunturales.


