El proyecto de reforma del sistema de concursos para la selección de magistrados que impulsa la Corte Suprema de Justicia de la Nación cosechó un marcado apoyo del sector empresario, que lo interpreta como un paso decisivo para transparentar el mecanismo de designación de jueces y reducir la discrecionalidad política.
Distintas cámaras y organizaciones empresariales coincidieron en que la iniciativa de la Corte busca corregir un déficit histórico del sistema: la ausencia de parámetros objetivos, estables y verificables para evaluar a los candidatos a la magistratura. Según sostienen, la propuesta se orienta a consolidar un Poder Judicial más profesional, independiente y previsible, con impacto directo en la seguridad jurídica y el clima de inversión.
Entre las entidades que se pronunciaron, IDEA respaldó el proyecto al considerar que incorpora instrumentos que perfeccionan la evaluación técnica de los postulantes y aportan mayor confianza a todo el proceso de selección. En la misma línea, destacaron que la reforma fortalece la calidad institucional al reducir espacios de arbitrariedad.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) subrayó la necesidad de que el Consejo de la Magistratura trate el nuevo reglamento con rapidez, priorizando el interés general y la independencia judicial. La entidad remarcó que el sistema judicial argentino enfrenta hoy problemas críticos, entre ellos la falta de transparencia en los concursos públicos y la elevada cantidad de vacantes, factores que, advirtió, deterioran la eficacia de los tribunales y la seguridad jurídica.
Desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el apoyo se expresó poniendo el acento en las cualidades personales y éticas de los futuros jueces. La organización resaltó, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, la necesidad de que quienes accedan a la magistratura sean independientes, imparciales, prudentes e íntegros. Recordó, además, que las decisiones judiciales inciden directamente en los derechos y bienes de las personas, por lo que la independencia de criterio resulta clave para evitar favoritismos y presiones externas.
El respaldo se amplificó con la adhesión del Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales cámaras empresarias del país. En un comunicado, el bloque sostuvo que la propuesta de la Corte apunta a disminuir la discrecionalidad y a reforzar la objetividad en los procesos de selección de jueces, dos aspectos que el empresariado considera centrales para mejorar el desempeño del Poder Judicial.
El G6 destacó varios puntos específicos de la reforma que, a su juicio, representan avances concretos. Entre ellos, la decisión de reducir el peso de las entrevistas personales, cuestionadas por su alto componente subjetivo y su posible utilización política; la creación de concursos anticipados para acelerar la cobertura de vacantes; y la introducción de mayores garantías de transparencia y anonimato en las evaluaciones escritas.
De acuerdo con estas entidades, la combinación de estas medidas permitiría configurar un esquema de selección más equitativo, competitivo y previsible, donde el mérito y la idoneidad técnica de los postulantes sean determinantes. Para el sector empresario, la previsibilidad en la designación de magistrados es un factor esencial para disminuir la incertidumbre institucional.
En ese sentido, el G6 remarcó que un Poder Judicial independiente, eficiente y basado en criterios de mérito constituye una condición indispensable para asegurar la seguridad jurídica, atraer inversiones y favorecer el desarrollo económico. El planteo se alinea con una demanda de larga data del empresariado argentino, que reclama reglas claras y estables para el funcionamiento de las instituciones.
Las cámaras también instaron al Consejo de la Magistratura de la Nación a avanzar sin demoras en el análisis del nuevo reglamento. Señalaron que su pronta aprobación sería una señal concreta de fortalecimiento institucional, especialmente en un contexto marcado por la existencia de numerosas vacantes judiciales que afectan el servicio de justicia en todo el país.
El apoyo del mundo empresario se suma al de distintos actores del ámbito jurídico y académico que ya se habían pronunciado a favor de la iniciativa elaborada por los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti. El proyecto fue aprobado por acordada y enviado al Consejo de la Magistratura para su consideración.
La reforma propone una revisión integral del sistema de concursos, con foco en el mérito, la transparencia y la trazabilidad de cada etapa del proceso. El debate se da en un escenario atravesado por más de 200 cargos judiciales vacantes en todo el territorio nacional, una situación que repercute de manera directa en la eficiencia y la credibilidad del sistema de justicia.
En el ámbito empresarial coinciden en que la iniciativa responde a un reclamo persistente por mayor calidad institucional y reglas más claras en la designación de jueces. Sostienen que un Poder Judicial más previsible no solo mejora el funcionamiento del Estado de Derecho, sino que también es determinante para incentivar la actividad económica, fomentar la inversión y consolidar la confianza en el país.
