El asesor presidencial Santiago Caputo enfrenta una creciente presión para esclarecer su posición dentro del Gobierno y cumplir con las obligaciones de un funcionario de alto rango. El legislador Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, solicitó a la Oficina Anticorrupción que investigue el papel de Caputo en el Ejecutivo, argumentando que debe adherirse a las mismas responsabilidades que otros funcionarios públicos.

Caputo, quien actualmente trabaja bajo un contrato como monotributista, es considerado una figura clave en el llamado ‘triángulo de hierro’ que forma junto al presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei. Desde esta posición, tiene influencia en las decisiones políticas más relevantes del país. Sin embargo, al no tener un nombramiento oficial, Caputo elude los controles y regulaciones a los que están sujetos los funcionarios formalmente designados.

Reyes expresó su preocupación en la plataforma X, donde señaló que no es aceptable que existan ‘funcionarios en las sombras’ que tomen decisiones significativas sin someterse a los controles necesarios. Según Reyes, esta situación es incompatible con los principios de una democracia republicana y representa un fraude a la Administración al utilizar una figura contractual irregular para evitar obligaciones de transparencia y control.

La presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción resalta la necesidad de que Caputo se someta a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188 y al Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Estas normativas exigen la presentación de declaraciones juradas sobre bienes e ingresos, antecedentes laborales y clientes anteriores, además de establecer prohibiciones para evitar conflictos de intereses.

Reyes insiste en que la Oficina Anticorrupción, bajo la dirección de Alejandro Melik, debe emitir un dictamen público que regularice la situación de Caputo, aplicando el principio de realidad material del Derecho Administrativo argentino. Este principio busca que prevalezca la verdad efectiva de los hechos sobre formalidades artificiosas, asegurando que el asesor presidencial cumpla con todas las exigencias de transparencia y control.