En las últimas semanas, la clausura de 16 salas de escape en la Ciudad de Buenos Aires ha generado una profunda controversia entre los propietarios de estos establecimientos y la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Los dueños denuncian que las medidas han sido tomadas de manera arbitraria, a pesar de contar con habilitaciones definitivas. Sin embargo, desde el gobierno porteño sostienen que las inspecciones se realizaron en respuesta a denuncias y que solo se inhabilitaron aquellos locales que no cumplieron con la normativa vigente.

Las salas de escape, conocidas por ofrecer experiencias inmersivas en las que los participantes deben resolver acertijos para escapar de una habitación temática, se han visto afectadas por clausuras bajo el argumento de «desvirtuación de rubro». Según los propietarios, desde 2014 operan bajo un marco legal válido, principalmente bajo la categoría de Teatro Independiente, según la Ley 2147, que incluye elementos teatrales y la participación del público.

Por otro lado, las autoridades porteñas argumentan que el rubro de teatro independiente implica ciertas características, como la disposición de butacas y medidas de seguridad que estas salas no cumplen. Según ellos, las inspecciones y clausuras obedecen a disposiciones de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), que clasifica a las salas bajo el rubro de «Salón de juegos Manuales y/o de Mesa». Esta categoría, según los dueños, no coincide con la naturaleza de las salas de escape, ya que fue introducida en 2020 y no se ajusta a las experiencias teatrales que ofrecen.

Los propietarios expresan su preocupación por el impacto económico de estas clausuras, especialmente en la víspera de las vacaciones de invierno, cuando la demanda suele incrementarse. Alegan que la medida ha afectado a más de 300 puestos de trabajo y ha causado pérdidas millonarias. Además, han presentado tres amparos judiciales ante la Justicia Contencioso Administrativa porteña y exigen que las autoridades locales tomen medidas para resolver la situación.

En un comunicado, los dueños de las salas destacaron que sus locales cumplen con requisitos esenciales de seguridad, como tratamientos ignífugos, señalización de emergencia, planos de evacuación, botones de pánico y salidas de emergencia. Sin embargo, lamentan que sus intentos por dialogar con funcionarios del gobierno porteño no han sido respondidos.

El sector de salas de escape, que ha sido reconocido internacionalmente y se ha consolidado como una industria cultural en Buenos Aires, hace un llamado urgente a las autoridades políticas de la Ciudad para restaurar las condiciones que permitieron su funcionamiento durante más de una década. Aducen que la situación actual pone en riesgo una oferta cultural y turística valiosa para la ciudad.