El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza declaró culpable al exjuez federal Walter Bento, de 62 años, por encabezar una organización criminal que cobraba sobornos a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de beneficios procesales. La sentencia lo responsabiliza además por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, maniobras en las que, según el fallo, participó de manera activa su núcleo familiar.
Bento, detenido desde hace más de dos años en la cárcel de Cacheuta, escuchó el veredicto con gesto serio, vestido con traje gris y acompañado por dos de sus hijos, Luciano y Nahuel. El monto de la pena aún no fue fijado: en los próximos días se realizará una audiencia de cesura, conforme al nuevo Código Procesal Penal nacional, para determinar la condena que recibirá cada uno de los 19 imputados hallados culpables.
Una organización de sobornos millonarios
El juicio comenzó en julio de 2023 y se centró en la acusación de que el exmagistrado conducía una red delictiva integrada por abogados, despachantes de Aduana y policías. De acuerdo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el circuito de coimas movió al menos 1,7 millones de dólares en efectivo, vehículos de alta gama y propiedades.
La sentencia sostiene que Bento diseñó, coordinó y supervisó el esquema de lavado de dinero y el incremento patrimonial injustificado. Según las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra, el exjuez seleccionaba inversiones, organizaba el flujo de fondos y gestionaba transferencias de bienes a nombre de su esposa, Marta Boiza, y de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo. El fallo describe a Boiza como el “vehículo patrimonial primario” y señala donaciones y transferencias cruzadas dentro del grupo familiar, incluso a nombre de Facundo, quien padece una grave discapacidad.
El tribunal remarcó que la familia Bento utilizó de manera sistemática dinero en efectivo para eludir la trazabilidad bancaria y dificultar la reconstrucción del circuito financiero. El hijo del medio, Luciano, es calificado como “prestanombre” debido al desfasaje entre sus ingresos declarados y la cantidad de bienes a su disposición.
Cómo funcionaba la red de corrupción
La acusación de los fiscales María Gloria André y Dante Vega, junto con el titular de Procelac, Diego Velasco, y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel, fue avalada en su totalidad por el tribunal. Según quedó probado, una vez que una persona era detenida en causas federales, se negociaba la libertad, la morigeración de la prisión o la recalificación del delito. A cambio, los imputados debían pagar en dólares o entregar autos e inmuebles.
Los integrantes de la organización, indica el fallo, actuaban en nombre del juez y lo mencionaban como “el gran jefe” o “el número 1”. La sentencia destaca el vínculo directo de Bento con el despachante de Aduana Diego Aliaga, asesinado en los inicios de la investigación y señalado como una pieza clave en la estructura junto al abogado Jaime Alba. Ambos operaban en un nivel inmediatamente inferior al del magistrado, coordinando el cobro de coimas a detenidos por contrabando y narcotráfico.
Las condenas y el rol de la familia
De los 33 imputados originales, 25 llegaron a juicio y 19 fueron condenados. A Bento se le atribuyó el rol de jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo en carácter de autor, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica como coautor.
Su esposa, Marta Boiza, exsecretaria privada del juez, fue hallada culpable de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por actuar como integrante de una banda y en calidad de funcionaria pública, además de falsedad ideológica en dos hechos. El hijo mayor, Nahuel Bento, exsecretario de la Cámara Federal de Mendoza, fue condenado por lavado de activos agravado como miembro de una organización.
El tribunal también consideró probada la participación en la asociación ilícita de los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego y Martín Ríos; del comisario José Moschetti; y de Walter Bardinella Donoso. José María Sanguedolce, Marcos Calderón, Carlos Federico Barón Knoll, Enrique Cruz, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Eugenio Nasi y Juan Carlos Molina fueron condenados por cohecho activo agravado. El policía Martín Rodolfo Bazán recibió condena por cohecho activo agravado con el plus de su condición de funcionario público.
Un juez poderoso caído en desgracia
Walter Bento llegó a ser uno de los magistrados más influyentes de Mendoza. Desde 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, encabezó el Juzgado Federal 1 y, además, subrogó el Juzgado Federal 2, con competencia electoral y fuerte interlocución con dirigentes de distintos partidos. En 2011 protagonizó un resonante allanamiento a Cablevisión en Buenos Aires, a pedido del grupo Vila-Manzano, en pleno enfrentamiento del kirchnerismo con el Grupo Clarín. Aquella actuación fue anulada por la Corte Suprema, que cuestionó su proceder, aunque el pedido de juicio político fue luego desestimado en el Consejo de la Magistratura.
La causa que derivó en su caída se originó en marzo de 2020, a partir de información hallada en el teléfono del narcotraficante Walter Bardinella Donoso y de las declaraciones de Diego Barrera, procesado por el secuestro y homicidio del despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino de Bento y señalado como gestor de negocios en su nombre.
El 8 de noviembre de 2023, el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura destituyó a Bento por mal desempeño, falta de decoro y por “deshonrar a la justicia”. Desde entonces permanece detenido en la cárcel de Cacheuta. Su defensa, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, ya anticipó que apelará el fallo y remarcó que la resolución no está firme.
El juicio oral se extendió durante 30 meses, con alrededor de 300 testigos y un voluminoso análisis documental y digital. En el proceso se ventilaron 14 episodios de pago de coimas a cambio de resoluciones judiciales favorables, que terminaron por derrumbar la carrera del exjuez más poderoso de la justicia federal mendocina.
