El escenario político y judicial de Santa Cruz atraviesa momentos definitorios. El gobernador Claudio Vidal, en abierta confrontación con el kirchnerismo local, ha dado un paso significativo al presentar un proyecto para restituir en su cargo al ex procurador provincial Eduardo Sosa, desplazado en 1995 durante la gestión de Néstor Kirchner. Esta movida representa no solo un intento de reparar una deuda institucional de casi tres décadas, sino también la profundización de una estrategia para debilitar el histórico control kirchnerista sobre la justicia santacruceña.

La iniciativa del gobernador Vidal apunta a cumplir con sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia, que desde 1998 ordenaron la reposición de Sosa en el cargo del que fue apartado abruptamente. Hasta el momento, ningún gobierno provincial había acatado esos dictámenes, manteniendo el caso en una prolongada situación de desacato judicial.

La restitución de Sosa se produce en un contexto de fuertes cambios en la estructura judicial provincial. El primer paso de Vidal fue la ampliación de los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una medida avalada por la Legislatura pese a la resistencia del kirchnerismo. Tras la aprobación, se designaron nuevos integrantes —entre ellos, el ex gobernador Sergio Acevedo y José González Nora—, en un proceso que generó controversia interna. Los restantes vocales del TSJ cuestionaron la validez de las juras y desplazaron al presidente del tribunal, Daniel Mariani, reemplazándolo por una ex funcionaria cercana a Néstor Kirchner.

En este clima de disputa, el proyecto para restituir a Sosa fue remitido a la Cámara de Diputados. El trasfondo de su remoción en 1995 arroja luz sobre la intensidad de la confrontación actual. Sosa, entonces jefe de los fiscales de la provincia, había investigado una contratación estatal externa relacionada con la negociación de una deuda nacional de regalías petroleras por 630 millones de dólares. Su accionar incomodó al entonces gobernador Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, que impulsaron la eliminación del cargo de procurador y la creación de dos nuevos puestos, dejándolo fuera de la estructura judicial. La Corte Suprema se pronunció reiteradamente a favor de su restitución, pero la provincia se negó a acatar, argumentando la inexistencia del cargo y denunciando un supuesto intento de intervención federal.

Consultado sobre la reciente iniciativa, Sosa expresó que su intención, de prosperar el proyecto, es ser útil en un momento «convulsionado» en la cúpula de la justicia provincial. El ex procurador consideró que la medida tiene un fuerte valor simbólico e institucional, ya que busca reparar un agravio constitucional que, según sus palabras, no hace bien a la provincia. Además, remarcó que su restitución sería más un acto de justicia institucional que una reparación personal.

Desde el gobierno de Vidal, fuentes oficiales indicaron que el objetivo es «honrar y dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema» y avanzar hacia una mayor institucionalidad con la recreación del cargo de Procurador General. Entre las funciones previstas para el renovado puesto se destaca la conducción del Ministerio Público Fiscal, con la capacidad de delegar y reasumir competencias sobre fiscales y defensores.

El proyecto ya ingresó a la Legislatura provincial y deberá pasar primero por comisión antes de llegar al plenario. De aprobarse, marcará un giro histórico: la restitución de Sosa, tres décadas después de su controversial desplazamiento, y un nuevo avance en el plan de Vidal para modificar el equilibrio de poderes en Santa Cruz. En palabras del entorno del gobernador, «necesitamos una justicia independiente», y la restitución de Sosa es vista como un paso crucial en ese sentido.