El cierre del gobierno federal de Estados Unidos, que ya se extiende por tercera semana consecutiva, está empezando a dejar huellas notorias en la economía del país. El enfrentamiento político entre republicanos y demócratas en el Congreso, que impide la aprobación de un nuevo presupuesto, ha paralizado a una parte significativa de la administración pública y amenaza con agravar los problemas económicos y sociales si se prolonga.

Según estimaciones de economistas, el estancamiento gubernamental está restando entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales semanales al crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por inflación. Aunque la mayor parte de la producción perdida podría recuperarse una vez que se restablezca el funcionamiento normal, el daño potencial aumenta cuanto más tiempo dure la parálisis.

El impacto inmediato se percibe especialmente en el gasto de los consumidores y la productividad de los empleados federales. Cerca de 700.000 trabajadores fueron suspendidos sin goce de sueldo, mientras que una cantidad similar continúa trabajando, pero sin recibir su salario. Esta situación está forzando a muchas familias a restringir sus gastos, un golpe directo al consumo interno, eje central de la economía estadounidense.

La incertidumbre sobre el pago retroactivo de los salarios a los empleados afectados añade una preocupación adicional. La Casa Blanca no ha garantizado que estos trabajadores recibirán el dinero correspondiente a las semanas sin remuneración cuando el gobierno reabra, lo que podría dejar secuelas financieras duraderas en los hogares más afectados.

«No se llegará a una recesión, pero sí habrá un impacto real en la economía», señaló Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon. Daco advirtió que, si el cierre se prolonga, las pérdidas para los empleados federales podrían volverse permanentes, especialmente para aquellos que se ven obligados a reducir drásticamente sus gastos debido a la falta de ingresos.

El alcance social de la crisis tampoco es menor. Estados como Nueva York y Texas han advertido que, si el cierre continúa hasta noviembre, los cupones de alimentos —esenciales para los hogares con menores ingresos— dejarán de estar disponibles. En Pensilvania, el gobierno local ya comunicó que estos beneficios se suspenderán a partir del 16 de octubre si no hay solución.

El profesor de economía del Boston College, Brian Bethune, subrayó que los efectos a corto plazo ya son visibles, pero los de largo plazo resultan todavía difíciles de cuantificar y dependerán de la duración del conflicto. «A medida que esto se alarga, los efectos de corto plazo se acumularán», advirtió.

Esta preocupación es compartida por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que en su último informe señaló que los perjuicios sobre la economía serán temporales, pero aumentarán si el cierre se prolonga. La experiencia del cierre más largo, que duró 34 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019, mostró que el crecimiento del PIB se desaceleró drásticamente en el cuarto trimestre de ese año, aunque luego se recuperó en el primer trimestre siguiente.

Hasta el momento, los mercados financieros han mostrado relativa indiferencia ante el cierre, pero los efectos secundarios ya se sienten en las empresas contratistas del gobierno y en aquellas que dependen de permisos y certificaciones oficiales para operar. De acuerdo con Oxford Economics, cada día laborable de cierre pone en riesgo unos 800 millones de dólares en nuevas adjudicaciones federales, lo que podría tener consecuencias negativas en el mercado laboral.

«Aunque los contratistas pueden soportar una breve interrupción de la actividad, un cierre prolongado puede afectar gravemente su flujo de caja, dando lugar a suspensiones de empleo, recortes salariales o incluso despidos», explicó Bernard Yaros, economista de Oxford Economics.

A medida que pasan los días y la incertidumbre persiste, crecen las preocupaciones sobre el alcance real del daño, tanto en el plano económico como en el social. La resolución de este conflicto político será clave para determinar cuán profundas serán las cicatrices que deje este nuevo capítulo de paralización gubernamental en Estados Unidos.