A un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela, el Gobierno argentino elevó el tono de sus reclamos y difundió por primera vez un comunicado conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad. En el texto, las carteras que encabezan Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva califican el caso como una “detención ilegal” y una “desaparición forzada” del ciudadano argentino.

Gallo, cabo primero de Gendarmería, fue detenido el 8 de diciembre del año pasado por fuerzas chavistas cuando cruzó por tierra desde Colombia hacia Venezuela. El objetivo de su viaje era visitar a su hijo argentino, Víctor, que hoy tiene 3 años y se encontraba con su madre, la venezolana María Alexandra Gómez. Desde ese momento, el gendarme permanece completamente incomunicado, sin contacto con su familia y sin garantías judiciales, según denuncia la Argentina.

En el comunicado difundido este lunes, el Gobierno remarca que la situación de Gallo “constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas” y la define como una “flagrante violación del derecho internacional”. El texto recuerda que Buenos Aires viene interviniendo en distintos foros internacionales para exigir su liberación y conocer su paradero.

La Cancillería detalla que el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitaron medidas cautelares urgentes; ante la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la figura de detención arbitraria y desaparición forzada; y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la gravedad de las presuntas violaciones a los derechos humanos de Gallo.

La única prueba de vida difundida hasta ahora por el gobierno de Nicolás Maduro fue una foto y un breve video en el que se ve al gendarme caminando en un patio. Esa imagen se conoció el año pasado. Desde entonces, la familia no recibió comunicaciones directas. Su madre, Griselda, llegó a enviarle una carta, pero nunca obtuvo respuesta. En mayo próximo, Gallo cumplirá 35 años.

El escenario diplomático complica aún más el reclamo argentino. Tras la decisión del gobierno de Javier Milei de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, el régimen de Maduro expulsó a todos los diplomáticos argentinos de Caracas. Con la representación reducida y sin interlocutores directos, la administración libertaria depende de gestiones externas para intervenir en el caso.

En ese contexto, el Gobierno argentino se apoya en la administración de Donald Trump para intentar destrabar la situación. Según fuentes oficiales, hubo múltiples conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que manifestó su disposición a colaborar, aunque prioriza primero la liberación de sus propios ciudadanos detenidos en Venezuela. Si bien Brasil representa formalmente los intereses argentinos en Caracas, la Casa Rosada insiste en que sea Washington quien lleve el reclamo por Gallo ante el chavismo.

La información más reciente sobre el estado del gendarme proviene de testimonios de ex compañeros de celda en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas. Uno de ellos, el joven colombiano Iván Colmenares, que estuvo preso allí entre noviembre de 2024 y octubre de este año, relató que Gallo se encuentra en condiciones físicas aceptables, pero profundamente afectado por el aislamiento y la imposibilidad de comunicarse con su familia.

Colmenares describió que lo que más golpea al argentino es perder el crecimiento de su hijo: los primeros pasos, las primeras palabras, el vínculo cotidiano. “Le están robando los mejores momentos de su hijo”, sostuvo, al señalar que la incertidumbre por el estado de sus seres queridos es una de las principales angustias dentro de la prisión.

En paralelo, la pareja de Gallo, que fue trasladada junto al niño a la Argentina en un operativo el año pasado, expresó que no quiere que su hijo atraviese otra Navidad sin su padre. La familia cuenta con el acompañamiento oficial, según subrayó el comunicado de Cancillería y Seguridad, que promete continuar las gestiones y el apoyo a los allegados del gendarme.

El caso se inscribe además en un marco regional más amplio. Este lunes, el presidente Javier Milei viaja a Oslo para asistir a la ceremonia en la que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz. El viaje tiene lugar en medio de una fuerte escalada verbal en el Caribe, marcada por las amenazas de Donald Trump a Nicolás Maduro, en las que incluso mencionó la posibilidad de una incursión terrestre si el mandatario venezolano no abandona el poder.

Desde la diáspora venezolana también se multiplican las denuncias. La activista Elisa Trotta Gamus, recientemente amenazada por el dirigente chavista Diosdado Cabello, sostuvo en redes sociales que el aparato chavista es hoy “la organización terrorista con mayor número de extranjeros secuestrados”, y afirmó que más de 80 ciudadanos de otros países se encuentran privados de libertad bajo el régimen de Maduro. Entre ellos, destacó, está el argentino Nahuel Gallo, detenido hace un año por grupos de tarea vinculados al oficialismo venezolano.

Mientras el Gobierno argentino intenta mantener el tema en la agenda internacional y sumar apoyos, el expediente de Gallo se convirtió en un símbolo de la denuncia contra las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y del límite de las capacidades diplomáticas argentinas en un escenario de ruptura de relaciones con Caracas.