La Cámara de Diputados se prepara para un nuevo capítulo de desencuentros entre el oficialismo y la oposición. Este miércoles al mediodía, el recinto tenía previsto recibir a los funcionarios Luis Caputo, ministro de Economía; Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; y Mario Lugones, titular de Salud, en el marco de interpelaciones impulsadas por bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda.

El objetivo de estos pedidos era que Caputo informara sobre el reciente auxilio financiero otorgado por los Estados Unidos a la Argentina, mientras que a Milei y Lugones se les exigía explicaciones por los polémicos audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucrarían al Estado en un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos.

A pesar de la citación formal, ni Caputo ni la hermana del presidente Javier Milei tienen previsto asistir, escudándose en compromisos de viaje en Estados Unidos. Tampoco Lugones confirmó su presencia, dejando la puerta abierta a una posible decisión de último momento. Desde el oficialismo señalan que podría definirse sobre la hora, aunque no hay certezas.

La estrategia oficialista apunta, como en anteriores ocasiones, a que la sesión fracase por falta de quórum. Para ello, La Libertad Avanza apuesta a la ausencia de diputados cercanos a gobernadores aliados o con los que buscan recomponer la relación política. Este método, aunque no siempre exitoso, les permitió la semana pasada tumbar un artículo clave en la reforma del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, ganando tiempo con la vuelta del proyecto al Senado.

Por su parte, la oposición no baja los brazos y planea reunir el quórum necesario para dejar en evidencia las reiteradas ausencias de los funcionarios. Al respecto, fuentes de Encuentro Federal y la Coalición Cívica coinciden en que siempre hay una excusa para no presentarse, y denuncian un intento sistemático de eludir el control parlamentario. Desde Unión por la Patria, además, reprochan a Martín Menem, presidente de la Cámara, por no haber avisado a tiempo sobre las ausencias, lo que hubiera permitido reprogramar la sesión. «Están boludeando al Congreso, ya es demasiado», protestaron, anticipando que insistirán en el tema para que tenga impacto político de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

El fundamento legal de los pedidos de interpelación se apoya en el artículo 71 de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad de citar a ministros, aunque sin prever sanciones en caso de desobediencia. Desde el oficialismo, en tanto, minimizan la situación y acusan a la oposición de haber votado múltiples opciones sin contemplar los tiempos, recordando que el mismo miércoles por la tarde está citado también el debate de la comisión de Presupuesto por las proyecciones económicas para 2026.

En el Ministerio de Economía, se limitaron a anticipar que “ya se enviará la respuesta formal”, en relación a la nueva ausencia de Caputo, quien hasta ahora no ha participado de ninguna presentación sobre el Presupuesto. Este año, la discusión comenzó con una exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien abandonó la reunión tras un acalorado cruce entre diputados libertarios y de izquierda por temas vinculados a la flota humanitaria con destino a Gaza e interceptada por Israel.

En paralelo a la disputa legislativa, miembros opositores de la comisión investigadora del caso $Libra apelaron la decisión judicial que rechazó el uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de los funcionarios, entre ellos Karina Milei. Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, advirtió que la resolución judicial afecta funciones constitucionales del Congreso, citando el artículo 75 inciso 32 que habilita al Parlamento a requerir información y citar funcionarios para el control político.

Así, la pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo suma un nuevo episodio, mientras la oposición busca mantener viva la agenda de control y el oficialismo se aferra a tácticas dilatorias que, por ahora, le permiten evitar el escrutinio directo en el recinto.