El Gobierno nacional aceleró en las últimas horas su estrategia para asegurar la aprobación de la reforma en el Senado, en medio de presiones de gobernadores, advertencias judiciales y movilizaciones sociales. La Casa Rosada logró desactivar una cumbre de mandatarios opositores duros en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, en paralelo, definió su hoja de ruta legislativa en una reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei.

El encuentro, que se extendió por casi dos horas en Balcarce 50, reunió al ministro de Economía Luis Caputo, al vocero presidencial Manuel Adorni, al secretario general de la Presidencia Karina Milei, a Diego Santilli, al presidente de Diputados Martín Menem, a Eduardo “Lule” Menem y al asesor Santiago Caputo. Allí se discutió el punto más sensible para las provincias: el capítulo tributario de la reforma, en particular las modificaciones al Impuesto a las Ganancias para empresas.

Caputo mantiene una postura firme y se resiste a resignar ese componente del proyecto, pese a los reclamos de los gobernadores, que calculan una pérdida cercana a los 3 billones de pesos en coparticipación si el esquema avanza tal como está. Desde los distritos advierten que sus legisladores podrían insistir con una reducción del impacto fiscal.

En la mesa oficialista circularon tres alternativas para intentar destrabar el conflicto. Una es postergar la entrada en vigencia de los cambios en Ganancias hasta 2028, es decir, después del decisivo año electoral 2027. Otra opción es condicionar la baja impositiva a determinadas metas de crecimiento económico. La tercera posibilidad, impulsada por sectores más dialoguistas, plantea directamente excluir ahora los artículos vinculados a Ganancias y reabrir la discusión en una futura reforma tributaria.

Sin embargo, no hay consenso interno. Voces influyentes del Gobierno remarcan que descartan eliminar el capítulo tributario completo. “No vamos a sacar una ley que no nos sirve”, fue la síntesis que se escuchó en despachos clave de la Casa Rosada. Otros funcionarios, más proclives a negociar, confían en que finalmente Caputo aceptará patear la discusión para otro contexto político y económico, con tal de asegurar la sanción general de la reforma.

La experiencia reciente del Presupuesto aprobado sin el capítulo 11, que incluía la derogación de normas como la de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad, la movilidad de asignaciones familiares y el régimen de zonas frías, funciona como advertencia interna. Un alto funcionario reconoció que ese recorte de contenido dejó al Gobierno con “un Presupuesto que no nos sirve”, escenario que ahora buscan evitar.

En este marco, la Casa Rosada rechaza de plano el pedido de la CGT para postergar el debate hasta marzo y también descarta coparticipar el impuesto al cheque, una de las compensaciones exigidas por los gobernadores. En cambio, el Ejecutivo deja abierta la puerta a eventuales compensaciones posteriores a la sanción de la ley y condicionadas al comportamiento de los legisladores provinciales en la votación.

El oficialismo apunta a tratar la reforma en el Senado el miércoles 11, en simultáneo con la modificación de la ley de glaciares. Sobre este último tema, el Gobierno apuesta a sumar el apoyo de gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), argumentando que la industria metalmecánica de sus provincias se vería beneficiada por un mayor desarrollo de la minería. En la Rosada sostienen que esos mandatarios “no tienen margen” para oponerse sin afectar a sus propias pymes, aunque ambos ya expresaron críticas y reclamaron alivios impositivos para las medianas empresas.

La ofensiva oficial choca con resistencias en otros frentes. Más de 85 constitucionalistas y académicos, convocados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, enviaron una carta al Congreso advirtiendo que la reforma a la ley de glaciares sería inconstitucional. Entre los firmantes figuran juristas como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez. Desde el peronismo, además, no descartan judicializar la reforma laboral si es aprobada.

La salida de Marco Lavagna del INDEC y el freno a los cambios en la metodología de medición de la inflación agregaron ruido a la previa de la sesión clave. En el Gobierno apuntan por lo bajo a Sergio Massa, antiguo jefe político de Lavagna, y aseguran que “nunca estuvo previsto” implementar la nueva medición, pese a que el propio funcionario lo había anunciado y el Banco Central lo había mencionado en su último informe de política monetaria.

En la mesa política mileísta hay funcionarios que miran con poca empatía la caída de la recaudación que golpea tanto a la Nación como a las provincias y que se profundizaría con una baja de Ganancias. “Que bajen los gastos, entonces”, sintetizan.

Al mismo tiempo, el Gobierno vuelve a apostar a gobernadores con los que ya tuvo acercamientos. Diego Santilli se reunió por segunda vez en cuatro días con el correntino Juan Pablo Valdés, esta vez en la Casa Rosada. La administración nacional busca el respaldo de la UCR en el Senado, donde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya obtuvo el apoyo del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, alineado con Valdés. El mandatario correntino, a su vez, reclama por obras, deudas previsionales y la cesión del predio del ex regimiento 9, utilizado como centro clandestino de detención durante la dictadura y hoy convertido en espacio de memoria.

Fuera del Congreso, organizaciones sociales y algunos sindicatos iniciaron un plan de lucha contra la reforma. La primera jornada incluyó una movilización al Parlamento en rechazo al capítulo laboral, con la promesa de extender las protestas a distintos puntos del país en los próximos días.