En una movida que sacudió la rutina parlamentaria, el Gobierno nacional presentó este miércoles pedidos formales para impedir que Jorge Capitanich (Chaco) y Martín Soria (Río Negro) asuman sus bancas en el Senado. La acción se produjo en el momento en que la Comisión de Asuntos Constitucionales analizaba la situación de Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza, cuestionada por su vínculo con un empresario extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

La sesión, presidida por Alejandra Vigo, tenía como foco inicial el caso de Villaverde, cuyo entorno genera controversia desde que se conoció su relación con Fred Machado. Sin embargo, la dinámica cambió abruptamente cuando se informó el ingreso de las impugnaciones contra Capitanich y Soria. La presentación de ambos expedientes llegó en un contexto de alta expectativa, mientras la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich mantenía un encuentro con legisladores oficialistas.

En el caso de Capitanich, la solicitud de impugnación fue impulsada por Rafael Serfaty, candidato suplente a diputado nacional, quien cuestionó la «idoneidad» del ex gobernador chaqueño para el cargo alegando «inhabilidades morales y éticas». Entre los argumentos se cita el crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, por el que fueron condenados miembros del clan Sena, y el presunto vínculo de Capitanich con esa familia. Además, se menciona una investigación por adjudicaciones irregulares de tierras públicas y beneficios industriales.

Respecto a Soria, actual diputado nacional, la impugnación provino de la dirigencia de La Libertad Avanza en Neuquén. El documento lo acusa de haber «retenido y desviado un porcentaje de los haberes de funcionarios públicos» durante su gestión al frente de la intendencia de General Roca, en Río Negro.

La llegada de estas impugnaciones en pleno debate sobre Villaverde fue interpretada por algunos sectores como una reacción del oficialismo ante la presión sobre la senadora electa por La Libertad Avanza. El kirchnerismo, con ocho integrantes en la comisión, parece estar en condiciones de bloquear la asunción de Villaverde, sumando el apoyo del radical Pablo Blanco y del salteño Juan Carlos Romero.

Durante la reunión, el senador José Mayans fue categórico: «Villaverde no puede estar en el Senado», afirmó, recordando que la rionegrina fue detenida en Miami por posesión de drogas, expulsada y vetada de por vida en Estados Unidos. «Tenemos claro que ha comprado esa banca», añadió, aumentando la temperatura del debate.

Mayans también criticó las impugnaciones contra Capitanich y Soria, calificando la maniobra del oficialismo de «mafiosa» y acusando a sus adversarios de atacar a quienes denuncian a la actual diputada nacional.

Por su parte, Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, sorprendió al anticipar su rechazo al pliego de Villaverde. No solo mencionó el antecedente de la detención en Estados Unidos, sino que agregó denuncias por fraude inmobiliario en terrenos de Las Grutas, Río Negro. «Si hubiéramos aprobado la Ficha Limpia, esta señora no hubiera sido candidata», lamentó Romero.

Con este escenario, la batalla parlamentaria recién comienza. El futuro de los tres senadores electos está en suspenso, y la definición de sus bancas promete convertirse en uno de los capítulos más intensos del Senado en 2024.