El Gobierno nacional entró en una fase decisiva para conseguir la media sanción en el Senado del proyecto de modernización laboral, una de las reformas centrales de la gestión de Javier Milei para la segunda mitad del mandato. Mientras la Casa Rosada afina la negociación política con gobernadores y bloques dialoguistas, en el Congreso se prepara una nueva ronda de discusiones técnicas sobre los puntos más controvertidos de la iniciativa.

En el centro del debate aparece el artículo que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que busca reemplazar el régimen tradicional de indemnizaciones y que se financiaría con el 3% de los aportes que hoy percibe la ANSeS. Este rediseño del sistema de protección frente al despido fue fuertemente objetado por sectores de la oposición durante el tratamiento en comisión en la primera tanda de sesiones extraordinarias, pero el oficialismo se muestra decidido a sostenerlo sin cambios de fondo.

Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, encabeza la estrategia para defender tanto el FAL como otro de los núcleos duros del proyecto: la prioridad de los convenios colectivos de menor ámbito —por empresa o región— por sobre los acuerdos nacionales o de rama. Esta “prelación de convenios de ámbito menor” también fue cuestionada por senadores opositores, que ven en esa cláusula un cambio estructural en el esquema de negociación colectiva vigente.

Pese a la línea dura en estos dos puntos, desde el oficialismo admiten margen para retoques acotados al texto enviado originalmente por la Casa Rosada. En diciembre, cada senador acercó propuestas de modificación y algunas fueron incorporadas para destrabar la firma del dictamen. Sin embargo, el Gobierno ya rechazó otras sugerencias de la oposición, cuyos detalles no trascendieron, y ratificó que no cederá en los ejes que considera estratégicos.

La reforma incluye además un capítulo tributario que abrió un frente adicional. Dirigentes opositores sostienen que, por tratarse de una iniciativa que deroga leyes impositivas, el tratamiento debería haberse iniciado en la Cámara de Diputados y no en el Senado. A esto se suma la preocupación de los gobernadores peronistas, que se declararon en estado de alerta al advertir que la baja del impuesto a las Ganancias, contemplada en la propuesta, podría traducirse en una merma de la coparticipación que reciben las provincias.

En este tablero, el ministro del Interior, Diego Santilli, se convirtió en una pieza clave. Su misión es medir y consolidar apoyos entre los mandatarios provinciales no alineados con el kirchnerismo. Ya mantuvo un encuentro con el chubutense Ignacio “Nacho” Torres y tiene agendadas reuniones con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y con el mendocino Alfredo Cornejo. Más adelante continuará las rondas con otros jefes provinciales, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, señalado en el oficialismo como uno de los interlocutores más difíciles de convencer.

Santilli también integra la mesa política que coordina la ofensiva legislativa, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la propia Bullrich. Desde ese espacio se monitorean los movimientos en el Senado y se diseñan las próximas jugadas para asegurar los votos.

Mientras tanto, la semana próxima se reanudarán las reuniones de asesores en la Cámara alta para trabajar sobre la “letra chica” del proyecto laboral. Esas conversaciones serán conducidas por la abogada Josefina Tajes, asesora de Bullrich, con el objetivo de acercar posiciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Paralelamente, la cúpula de la CGT ya anunció que intentará intervenir en la discusión senatorial, luego de rechazar en bloque la propuesta del Gobierno.

Para fin de mes está prevista una reunión clave de senadores, donde se buscará consolidar el poroteo de cara a una sesión que el oficialismo pretende convocar para los primeros días de febrero. La meta es lograr la media sanción en el Senado y girar el proyecto a Diputados con el menor número posible de modificaciones.

En el entorno libertario hay confianza en que podrán repetir la mayoría que les permitió asegurarse el control de las comisiones: aspiran a contar con el respaldo de la mayor parte de los 44 senadores no peronistas. Ese optimismo se vio reforzado por la foto política de este viernes, cuando Bullrich se reunió con Milei para repasar el avance de las reformas previstas para la segunda mitad del mandato y evaluar los acuerdos con la oposición.

En Diputados, sin embargo, el escenario aparece más fragmentado. Martín Menem apuesta a que la Cámara baja convierta el proyecto en ley sin cambios antes del 27 de febrero, fecha en la que el oficialismo prevé dar por concluido el segundo período de sesiones extraordinarias. Pero ya se anticipan diferencias internas y se da por descontado el rechazo del peronismo y de la izquierda. A esos cuestionamientos se suman las objeciones de Provincias Unidas, espacio vinculado a gobernadores que reclaman mayores beneficios y salvaguardas para las pymes.

Con frentes abiertos en el Senado, en Diputados, en las provincias y en el sindicalismo, el futuro de la reforma laboral dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener sus puntos centrales —en especial el FAL y la prioridad de los convenios de menor ámbito— sin perder los apoyos que necesita para transformar el proyecto en una de las leyes emblemáticas de la gestión Milei.