La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respondió con dureza a las declaraciones del titular de la bancada de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien había prometido derogar la reforma laboral en caso de que el peronismo vuelva al poder.

Durante el debate de la ley en la Cámara baja, Martínez aseguró que, si su espacio político retoma el gobierno nacional, la norma sería anulada de inmediato. Consultada al respecto en radio Rivadavia, Bullrich replicó que al peronismo «le va a costar ser gobierno» y vinculó su advertencia con el apoyo social que, según ella, mantienen el presidente Javier Milei y su programa de reformas.

La senadora sostuvo que la postura de Unión por la Patria no la sorprende: afirmó que el peronismo «deroga todo» lo que impulsa un gobierno de signo contrario y acusó a ese sector de buscar generar incertidumbre política. En ese sentido, asoció los dichos de Martínez con lo que definió como una actitud «golpista», al hacer referencia a expresiones sobre eventuales salidas anticipadas de gobiernos.

Defensa cerrada de la reforma laboral

Bullrich reivindicó el acuerdo político que permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Congreso. Describió la ley como «absolutamente reformista» y aseguró que modifica de manera profunda tanto el modelo sindical como el esquema de relaciones laborales vigente en la Argentina.

La exministra de Seguridad subrayó que el oficialismo debió construir consensos amplios para sacar adelante la norma, dado que La Libertad Avanza cuenta con solo 21 senadores y necesita al menos 37 votos para aprobar leyes. Según remarcó, en las principales votaciones, como la de la reforma laboral y el Presupuesto, el Gobierno logró reunir entre 42 y 44 voluntades, por encima del umbral mínimo.

Frente a las críticas de quienes la acusan de «negociar con la casta», Bullrich defendió el proceso de diálogo parlamentario y lo presentó como un ejercicio de construcción democrática, necesario para que un bloque minoritario pueda convertir en ley su agenda de cambios.

Aportes solidarios y poder sindical

Uno de los puntos más discutidos de la reforma fue el de los aportes solidarios sindicales. La senadora explicó que la fijación de un tope del 2% surgió de un entendimiento dentro del llamado «bloque de los 44», el conglomerado de legisladores que respaldó el texto final.

Bullrich señaló que, en la práctica, esos aportes rondan actualmente entre el 4% y el 5% y que eliminarlos por completo habría provocado un fuerte impacto en la estructura económica de los sindicatos, en especial los de mayor tamaño. Mencionó como ejemplo la red de hoteles sindicales en ciudades turísticas como Mar del Plata y Villa Carlos Paz, que quedarían sin financiamiento inmediato si se los dejara en cero.

La dirigente consideró que el nuevo tope representa un cambio significativo, al introducir un criterio de mayor austeridad y de cuidado del dinero que aportan los trabajadores. A la vez, anticipó que en el futuro podría reabrirse la discusión sobre si determinadas funciones que hoy cumplen los gremios deben seguir en sus manos.

Otro aspecto que destacó fue la prioridad que la ley otorga a los convenios por empresa frente a los convenios por actividad. Según Bullrich, esta modificación permite que incluso las firmas más pequeñas del país negocien directamente con sus empleados, lo que, a su juicio, altera de manera profunda la verticalidad del poder sindical.

La senadora planteó que, con este esquema, en empresas donde los trabajadores no quieran realizar aportes adicionales, el porcentaje del 2% tenderá a reducirse en la práctica. Además, instó al sector empresario a «jugarse» y avanzar en la firma de convenios propios aprovechando las nuevas herramientas legales.

Artículo 44 y licencias médicas

La reforma laboral también generó controversias por el artículo 44 del proyecto original, que preveía que, en caso de enfermedad o accidente no laboral, los trabajadores percibieran entre el 50% y el 75% del salario. Ese punto fue finalmente eliminado ante el rechazo de bloques aliados y de sectores sindicales.

Bullrich reconoció que la iniciativa fue impulsada por el propio bloque de La Libertad Avanza y obtuvo 41 votos a favor en el Senado, pero admitió que la redacción generó confusión y resistencias. Según explicó, se decidió retirarla para evitar que el resto de la ley quedara bloqueado.

Aun así, la senadora remarcó que el texto aprobado incorpora otros artículos vinculados a las licencias médicas que, según su visión, brindan mayor certidumbre y herramientas a los empleadores. Entre ellas, mencionó la posibilidad de recurrir a hospitales públicos o sistemas de salud privados para contrastar certificados médicos.

Bullrich puntualizó que, con la versión final de la ley, el trabajador seguirá cobrando el 100% del salario mientras dure la licencia, manteniéndose el resto del régimen previsto en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. No obstante, aseguró que el nuevo esquema busca poner límites al ausentismo injustificado y a lo que definió como «industria de los certificados falsos».

La senadora concluyó que las modificaciones introducidas en materia de licencias y juntas médicas apuntan a evitar abusos y a impedir que, en sus palabras, «los vivos» se aprovechen de resquicios legales para faltar de manera reiterada sin justificación real.