En un giro de alto voltaje diplomático, el gobierno de Javier Milei reclamó ante la Corte Penal Internacional (CPI) que se actúe de manera inmediata frente a los crímenes atribuidos al régimen de Nicolás Maduro y que se emitan órdenes de arresto contra el mandatario venezolano y otros altos funcionarios de su gobierno.

El planteo fue realizado este lunes en La Haya por el diplomático Diego Emilio Sadofschi, encargado de negocios de la Argentina ante Países Bajos y, por esa vía, representante ante la CPI. Aunque la embajada argentina en ese país permanece sin embajador desde que Mario Oyarzabal fuera trasladado a Buenos Aires a comienzos de año, la Cancillería instruyó a Sadofschi para elevar el tono frente al chavismo.

En la sesión de apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, el representante argentino acusó al gobierno venezolano de haber organizado “elecciones fraudulentas” en julio de 2024, en las que todos los recuentos independientes habrían dado como vencedor al opositor Edmundo González Urrutia, apadrinado por la dirigente María Corina Machado. Pese a esos resultados, Maduro se proclamó ganador y asumió un nuevo mandato en enero, desconocido por las democracias occidentales.

Sadofschi cuestionó además la falta de avances de la CPI en la investigación abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esa causa, impulsada inicialmente con documentación aportada por el gobierno de Mauricio Macri, podría desembocar en un pedido de captura internacional contra Maduro y parte de la cúpula chavista.

De acuerdo con asistentes a la sesión, el diplomático argentino sostuvo que las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros delitos graves imputados al régimen venezolano requieren pesquisas “rigurosas pero rápidas”, que incluyan órdenes de arresto para los máximos responsables.

La intervención argentina desató una inmediata réplica del embajador de Maduro ante Países Bajos, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de utilizar la conferencia de Estados Parte para “politizar” el debate y atacar la legitimidad del Ejecutivo venezolano. Rosales calificó la postura de Buenos Aires como “altisonante” e “inoportuna”.

El representante venezolano fue más allá y describió como “vergonzosa” la conducta de la Argentina en foros multilaterales. Señaló que el país votó recientemente en contra de varias resoluciones de la ONU en materia de derechos humanos, incluida una adoptada el 20 de noviembre pasado sobre la prohibición de la tortura y otros tratos crueles. Esos votos negativos se inscriben en el alineamiento del gobierno de Milei con Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, también objeto de investigaciones ante la CPI.

Según Rosales, la posición argentina sobre Venezuela y su comportamiento en organismos internacionales contradicen compromisos regionales y colocan a Buenos Aires en el rol de “falso defensor de los derechos humanos”. Con ese argumento, buscó dar vuelta el cuestionamiento y situar a la administración Milei en el banquillo de los acusados.

La ofensiva de la Casa Rosada contra Maduro convive con una situación particularmente delicada: la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, apresado el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó la frontera para visitar a su hijo —también argentino— y a su pareja venezolana. Ese caso lleva al gobierno a dosificar el enfrentamiento público con Caracas, ante el riesgo que implica para la integridad física del uniformado.

Al mismo tiempo, la estrategia exterior de Milei exhibe fuertes contradicciones. Por un lado, reclama que el sistema internacional de protección de los derechos humanos acelere las acciones contra Maduro; por otro, impulsa decisiones que apuntan a debilitar ese mismo entramado. Argentina votó en contra de la resolución de la ONU que aprueba el informe anual de la CPI y también rechazó el texto que refuerza la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos. Sin embargo, denuncia justamente ese tipo de prácticas en el caso de Gallo y en las violaciones atribuidas al chavismo.

La historia del expediente argentino sobre Venezuela ante la CPI se remonta al gobierno de Macri. Entonces, el ministro de Justicia Germán Garavano presentó en La Haya una carpeta con numerosos testimonios de ciudadanos venezolanos que denunciaban vejaciones y abusos. Ese material fue incorporado a una causa que ya tenía alcance internacional. Más tarde, durante la presidencia de Alberto Fernández, esa presentación fue retirada, aunque el proceso judicial siguió su curso sin depender exclusivamente del aporte argentino.

Con la llegada de Milei al poder, la Cancillería decidió reactivar formalmente esa carpeta como una más entre las múltiples denuncias que pesan sobre Maduro en la CPI. El nuevo gesto en La Haya, al exigir que se activen las órdenes de captura, marca una escalada en el frente jurídico-diplomático contra el gobierno venezolano, mientras se profundizan las controversias sobre el rol de la Argentina en el sistema global de derechos humanos.