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    Argentina pide a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

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    El juez federal argentino Sebastián Ramos formalizó este miércoles un pedido de extradición a Estados Unidos para que el ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea puesto a disposición de la justicia local en una causa por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos venezolanos.

    En una resolución a la que tuvo acceso la prensa, Ramos ordenó librar un exhorto internacional dirigido a las autoridades estadounidenses. El magistrado solicitó que se active el tratado de extradición vigente entre la Argentina y Estados Unidos desde 1997, a partir de la detención de Maduro en territorio norteamericano.

    Según el fallo, el juez dispuso que se cumplan todos los requisitos formales exigidos por el acuerdo bilateral y encomendó a la Cancillería argentina, a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, la tramitación del pedido, acompañado por la documentación respaldatoria del caso.

    Un expediente basado en la justicia universal

    El reclamo de extradición se inscribe en una causa abierta en los tribunales federales argentinos bajo el principio de justicia universal. Ese criterio habilita a investigar en cualquier país crímenes de lesa humanidad cuando en el lugar donde ocurrieron no existe un proceso judicial efectivo.

    En este expediente se acusa a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen venezolano —entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello— de haber diseñado y ejecutado un plan sistemático de persecución contra ciudadanos de su propio país. La investigación apunta a detenciones arbitrarias, secuestros y torturas que habrían sido cometidos como parte de una política de Estado.

    En septiembre de 2024, la Cámara Federal ordenó la inmediata detención de Maduro y de una treintena de colaboradores con fines de indagatoria, al considerar que existían elementos suficientes para atribuirles graves violaciones a los derechos humanos. En la misma línea, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una causa por los mismos hechos, lo que subraya la dimensión internacional de las acusaciones.

    El rol de la Cámara Federal y de los acusadores

    La decisión de Ramos se produce tras una orden expresa de la Cámara Federal de Comodoro Py. El mes pasado, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron planteos pendientes en el expediente y le indicaron al magistrado de primera instancia que debía pronunciarse de manera concreta sobre el pedido de extradición.

    El impulso de la causa en la Argentina estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli y del abogado querellante Tomás Farini Duggan, quienes solicitaron que Maduro fuera requerido formalmente al gobierno de Estados Unidos. Ambos sostienen que los hechos denunciados encuadran en delitos de lesa humanidad y, por tanto, pueden ser perseguidos por la justicia argentina en virtud del principio de jurisdicción universal.

    En el marco del expediente ya se produjo una primera reacción de uno de los imputados: Justo José Noguera Pietri, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, designó un abogado para acceder al expediente. Sin embargo, el tribunal rechazó su pretensión de intervenir en la causa en los términos planteados.

    Maduro detenido en Estados Unidos y un escenario complejo

    Maduro se encuentra privado de la libertad en Estados Unidos desde comienzos de enero, luego de una operación militar de ese país que lo sacó de Venezuela para someterlo a proceso por cargos de narcoterrorismo. Esa causa, recientemente abierta en la justicia estadounidense, condiciona las expectativas sobre una eventual entrega a la Argentina.

    Fuentes judiciales consultadas admiten que es poco probable que Estados Unidos acceda a extraditar al ex mandatario venezolano en el corto plazo, debido a la prioridad que tiene el proceso penal que enfrenta allí. No obstante, remarcan que el pedido argentino no es meramente simbólico: abre la puerta a que, al menos, pueda ser interrogado por la justicia local mediante una videoconferencia, si se logra la cooperación de las autoridades norteamericanas.

    La resolución de Ramos destaca que su decisión se adopta en cumplimiento de lo dispuesto recientemente por la Cámara Federal, que había instado a avanzar con la solicitud internacional. De este modo, la causa argentina por crímenes de lesa humanidad contra el régimen venezolano entra en una nueva fase, ahora sujeta a la respuesta que brinde Washington al exhorto remitido por Buenos Aires.

    Mientras tanto, el expediente seguirá su curso en los tribunales federales, con la mirada puesta tanto en la evolución del proceso en Estados Unidos como en los avances de la investigación en la Corte Penal Internacional sobre los mismos hechos.

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