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    Argentina evalúa retirarse de organismos de la ONU mientras impulsa a Rafael Grossi para liderar Naciones Unidas

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    La Cancillería argentina tiene listo un proyecto de resolución para avanzar en el retiro del país de una serie de organismos multilaterales, en una línea política cercana a la adoptada por Donald Trump en Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales. La medida se encuentra a la espera de la autorización final del Poder Ejecutivo y forma parte de una revisión más amplia del rol de la Argentina en el sistema internacional.

    El posible repliegue se da en sintonía con la decisión del ex presidente estadounidense de anunciar la salida de su país de 66 organismos, algunos vinculados a la órbita de Naciones Unidas y otros externos a ella. En ese contexto, el Gobierno argentino ya había dado una primera señal en febrero del año pasado, cuando comunicó su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque mantuvo su pertenencia a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

    Aquel anuncio se justificó en críticas a la gestión de la OMS durante la pandemia de Covid-19 y en acusaciones de injerencia sobre la soberanía nacional. No obstante, la estricta cuarentena aplicada en la Argentina fue una determinación del entonces presidente Alberto Fernández, decisión que en su momento fue respaldada públicamente por varios integrantes del actual oficialismo en sus redes sociales. En paralelo, el Gobierno había difundido junto a Robert F. Kennedy Jr. la intención de crear un nuevo organismo conjunto con la Argentina, del que hasta el momento no se conocen avances concretos.

    Consultada sobre el nuevo replanteo de la presencia argentina en organismos multilaterales, la Cancillería evita por ahora confirmar o desmentir la iniciativa. Sin embargo, se reconoce que el análisis comenzó durante la gestión del ex canciller Gerardo Werthein, inicialmente desde una óptica presupuestaria, y hoy está bajo la órbita del actual ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

    Fuentes de Economía y de la Secretaría de Desregulación señalan que el foco de la Cancillería está puesto en reducir la participación en el área vinculada al ECOSOC, el Consejo Económico y Social de la ONU. Este órgano es el encargado de coordinar políticas económicas, sociales y de desarrollo sostenible, así como de monitorear la implementación de la Agenda 2030, con programas que articulan crecimiento económico, justicia social y lucha contra la pobreza, el hambre, el cambio climático y la desigualdad.

    Quirno aún no definió a su propio vicecanciller ni a su jefe de Gabinete, y mantiene el equipo heredado de Werthein. Entre los funcionarios clave que estudian el tema figuran el diplomático Juan Manuel Navarro, hoy al frente de manera provisoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Alejandro Verdier, director de Organismos Internacionales.

    En paralelo, la Cancillería impulsa un proceso de unificación de funciones entre embajadas y representaciones ante organismos internacionales, con el argumento de reducir costos en un país cuyo peso en la escena global es menor que en otras épocas. En la Casa Rosada se cuestionan los salarios de embajadores y diplomáticos, que superarían los 20.000 dólares mensuales, y se destaca que varias sedes han sumado tareas.

    Entre los ejemplos se menciona a Fernando Iglesias, designado en Bruselas como embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea; o a Ian Sielecki, en Francia, quien además representa al país ante la Unesco. La embajada en Roma, cuya jefatura está vacante, absorbió la representación ante la FAO, antes ocupada por el actual embajador ante la OEA, Carlos Cherniak. En Montevideo, Alan Beraud concentra otras representaciones ante organismos latinoamericanos y del Mercosur. Desde el oficialismo sostienen que la disminución de la actividad diplomática permite esta acumulación de funciones.

    Más allá del componente económico, el repliegue en organismos internacionales tiene un fuerte trasfondo político, en un contexto global en el que estas instituciones enfrentan cuestionamientos por su burocracia, crisis de funcionamiento y pérdida de credibilidad. Pero esta orientación choca con la estrategia oficial de promover la candidatura de Rafael Grossi como secretario general de la ONU. De acuerdo con versiones internas, todos los embajadores habrían recibido la instrucción de defender con firmeza esa postulación y de presentar a la Argentina como un país comprometido con el multilateralismo.

    La filtración de los planes de retirada generó un profundo malestar en el cuerpo diplomático. En ámbitos de la Cancillería se reclama que se abra un sumario para identificar a los responsables, en línea con otras investigaciones internas ya iniciadas contra una decena de diplomáticos por su voto a favor del levantamiento del embargo estadounidense a Cuba en 2024. Aquel episodio derivó en la salida de la ex canciller Diana Mondino y en el arribo de Werthein al Palacio San Martín.

    Al mismo tiempo, existe descontento interno con Quirno por no haber defendido ante el Gobierno el envío de los pliegos de ascenso del servicio exterior, que permanecen trabados y dejan a muchos diplomáticos en una especie de “limbo” profesional. Esos ascensos habían generado fuertes controversias, ya que cerca de dos tercios correspondían a funcionarios identificados con el kirchnerismo, lo que tensó la relación entre radicales y el PRO en el Senado. En contraste, sí se envió a la Cámara alta el pliego de Fernando Iglesias para su confirmación como embajador, luego de que fuera destinado a Bélgica mediante un DNU y en comisión, apurado por las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

    La redefinición del vínculo con los organismos multilaterales enfrenta, además, obstáculos prácticos. A diferencia de Estados Unidos, la Argentina depende de ciertos programas internacionales para acceder a asistencia, no sólo financiera sino también logística y técnica. Y el Gobierno ya ha quedado envuelto en episodios incómodos por decisiones externas poco claras.

    Uno de esos casos fue la celebración oficial por la invitación de Donald Trump a integrar un Consejo Especial sobre Gaza, presentado localmente como una señal de cercanía personal hacia el presidente Javier Milei. Sin embargo, la convocatoria incluyó también a líderes de Brasil, Paraguay, Turquía, Rusia y otros países. Inicialmente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu —otro aliado político del Gobierno argentino— negó haber sido invitado, lo que generó desconcierto en la Casa Rosada, similar al que produjo el fallido acercamiento a la dirigente venezolana Corina Machado. Finalmente, Trump extendió la invitación a Netanyahu, pero informó a todos los convocados que la participación en ese foro exigirá un aporte de 1.000 millones de dólares por país, monto que también se le requeriría a la Argentina.

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