La iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para modificar el mecanismo de selección de magistrados sumó este miércoles un respaldo clave desde el sector empresario. La Cámara de Comercio Argentino-Americana (AMCHAM) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifestaron públicamente su apoyo al proyecto de nuevo reglamento para los concursos de jueces nacionales.

La propuesta, presentada el lunes por los ministros del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, apunta a reformar el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura con el objetivo declarado de reducir la discrecionalidad política y priorizar los méritos académicos, morales y profesionales de los postulantes. El proyecto fue aprobado por la Corte a través de la acordada 4/2026, firmada el 25 de marzo, y habría cosechado un amplio acompañamiento político, con la excepción de los sectores vinculados al kirchnerismo.

El debate se da en paralelo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso los primeros 62 pliegos de candidatos surgidos de las ternas ya elevadas por el Consejo de la Magistratura, en un contexto de alrededor de 300 cargos judiciales sin cubrir en todo el país.

En este escenario, AMCHAM difundió un comunicado en el que considera “fundamental” que el Consejo de la Magistratura trate el proyecto de la Corte con rapidez, poniendo por delante el interés general y la independencia del Poder Judicial. La entidad que nuclea a empresas con capital estadounidense y argentino advirtió que el sistema judicial enfrenta “debilidades críticas”, entre ellas la falta de transparencia en los concursos públicos y el elevado número de juzgados vacantes, lo que a su juicio afecta de manera directa la eficacia de la Justicia y la seguridad jurídica.

Desde ACDE, en tanto, se enmarcó la discusión en un proceso más amplio de revisión del funcionamiento de la Justicia y, en particular, de los mecanismos de designación de jueces nacionales y otros funcionarios judiciales relevantes. La asociación empresaria de inspiración cristiana llamó a los tres poderes del Estado a “restaurar prontamente” la situación del Poder Judicial, al que describió como afectado por una “descomposición institucional” acumulada a lo largo de décadas.

En su pronunciamiento, ACDE destacó y respaldó la iniciativa de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial, al considerar que el nuevo reglamento de concursos apunta a instaurar un procedimiento más transparente para la selección de magistrados. Al mismo tiempo, valoró el impulso del Poder Ejecutivo en la presentación de propuestas para cubrir la “gran cantidad” de juzgados vacantes en todo el país.

La entidad empresaria subrayó además criterios de perfil para los futuros magistrados, en línea con la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Señaló que quienes aspiren a ser designados deben ser independientes, imparciales, prudentes e íntegros, y recordó que las decisiones judiciales impactan de manera directa sobre los derechos y los bienes de las personas. En esa línea, advirtió que la independencia de los jueces debe preservarlos del favoritismo y de presiones que puedan distorsionar sus fallos.

ACDE insistió en que la justicia es un valor “irrenunciable” para el funcionamiento adecuado de la vida pública y alertó que, cuando ese principio se vulnera, las consecuencias recaen con mayor dureza sobre los sectores más vulnerables. Según la organización, la falta de justicia alimenta la desigualdad y agrava la situación de quienes menos recursos tienen.

El proyecto de “Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” se inscribe así en un momento de reconfiguración de la relación entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo en materia de designación de jueces. Mientras el máximo tribunal busca fijar reglas que limiten la influencia de acuerdos políticos informales en la confección de ternas, el Gobierno de Javier Milei acelera el envío de pliegos al Senado para avanzar en la cobertura de cargos estratégicos en el sistema judicial.

El respaldo de AMCHAM y ACDE introduce la voz del empresariado en una discusión que combina aspectos institucionales y económicos. Para estas entidades, la transparencia en los concursos, la reducción de la discrecionalidad y la disminución del número de vacantes son condiciones necesarias para fortalecer la seguridad jurídica, un factor que consideran central para la inversión y el desarrollo económico.

Resta ahora que el Consejo de la Magistratura tome posición sobre el proyecto elaborado por la Corte y defina los pasos a seguir para su tratamiento. En paralelo, el avance o no de los pliegos enviados por el Ejecutivo al Congreso marcará el ritmo de la renovación del mapa judicial en un contexto de fuerte demanda por mayor previsibilidad y confianza en las instituciones.