En el marco de una jornada marcada por una masiva movilización frente al Congreso de la Nación, el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas vuelve a ocupar el centro de la escena política argentina. Mientras la Cámara de Diputados se prepara para tratar el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, la Marcha Federal Universitaria reúne a miles de manifestantes bajo el lema “Nuestro futuro no se veta”, en rechazo a la decisión del Ejecutivo.

En este contexto, Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada al lanzar duras declaraciones contra los sectores convocantes. A través de sus redes sociales y en entrevistas radiales, el funcionario no sólo desestimó los motivos del reclamo, sino que atribuyó a la movilización intenciones políticas y acusó directamente a sectores de la oposición de buscar desestabilizar al Gobierno.

«Es una marcha que tiene claramente fines políticos», afirmó Álvarez en diálogo con radio Rivadavia. «Buscan instalar una sensación de desgobierno e intentar desgastar al Gobierno para mejorar sus resultados electorales», agregó. El subsecretario sostuvo que, si bien reconoce la compleja situación salarial del sector universitario, atribuye los problemas actuales a la herencia recibida del exministro de Economía Sergio Massa y remarcó que desde la asunción de la actual gestión se está trabajando en la recomposición de los salarios.

Uno de los ejes de la polémica gira en torno a la ley vetada por el presidente Milei, que contempla la actualización del presupuesto universitario, la reapertura de paritarias docentes y un aumento en las becas estudiantiles. Mientras los manifestantes exigen la vigencia de la norma, Álvarez sostiene que se trata de una herramienta utilizada con fines partidarios. «La movilización está motorizada por la politización de los reclamos. Buscan el desgaste y la caída del Gobierno, y lo han dicho abiertamente varios referentes opositores», subrayó, mencionando a figuras como Emilio Monzó y líderes del kirchnerismo.

Álvarez también puso en duda el rol de las autoridades universitarias, apuntando especialmente contra el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, a quien señaló como líder de la movilización y representante de sectores políticos antes que institucionales. «Vemos a un líder del radicalismo, que es vicerrector, al frente de una movilización, y no a quienes deberían representar a las universidades», criticó.

Sobre las condiciones laborales en el sector, el funcionario desmintió la versión de una renuncia masiva de docentes y denunció una supuesta manipulación de fondos por parte de algunos rectores. Según Álvarez, «la gran mayoría de los rectores, estamos hablando de 45 sobre 65, perciben sueldos que oscilan entre los 10 y los 15 millones de pesos». Además, acusó a estos directivos de asignarse aumentos por encima de la inflación y de desviar fondos de otras áreas para mejorar sus propios salarios, todo esto mientras declaran públicamente dificultades presupuestarias.

Al ser consultado por las medidas de austeridad implementadas en la UBA, como la limitación del uso de ascensores, la reducción de servicios de aire acondicionado y recortes en el suministro de gas, Álvarez fue contundente: «Eso es la definición de terrorismo, buscan sembrar el miedo entre la población para generar una sensación de caos». El funcionario argumentó que el Gobierno ha atendido todos los pedidos de ampliación presupuestaria, detallando que sólo en el último tiempo se le asignaron a la UBA más de 80.000 millones de pesos, con la obligación de rendir cuentas por esos fondos.

Finalmente, Álvarez celebró la derogación del decreto que permitía a las universidades ser contratistas directos del Estado y destacó la implementación del sistema de compras públicas a través del portal Comprar, aunque cuestionó la falta de transparencia de la UBA en este aspecto.

La puja por el financiamiento universitario se intensifica en una jornada clave, donde las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición reflejan el clima de confrontación que atraviesa a la política argentina y el futuro de la educación pública.