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    Alberto Fernández exige anular el proceso por violencia de género y que el caso se investigue desde cero

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    El ex presidente Alberto Fernández solicitó una medida inédita en la causa judicial que lo involucra por presunta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez. A través de sus abogados, Fernández pidió que todo el expediente vuelva a su punto de partida, argumentando que la recusación del juez Julián Ercolini invalida todas las actuaciones previas y exige una nueva investigación bajo la tutela de un magistrado imparcial.

    La defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, realizó este pedido ante el juez Daniel Rafecas, sorteado recientemente para intervenir en el caso. Cabe recordar que Fernández había propuesto a Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación al inicio de su gestión, aunque su postulación no prosperó debido a la falta de apoyo del sector kirchnerista.

    Fernández enfrenta un procesamiento por lesiones leves y graves, agravadas por el contexto de violencia de género y amenazas coactivas, lo que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión. En agosto pasado, el fiscal federal Ramiro González consideró que la investigación estaba cerrada y solicitó elevar el caso a juicio oral. La Cámara Federal respaldó el procesamiento al señalar que existían pruebas suficientes para indicar que Fernández habría ejercido violencia física contra Yañez, incluyendo lesiones visibles como un ojo morado y hematomas. El ex presidente, por su parte, niega los hechos y asegura que las marcas en el cuerpo de Yañez fueron consecuencia de procedimientos estéticos mal realizados.

    La causa comenzó en agosto del año pasado, a partir de un hallazgo en el celular de María Cantero, secretaria presidencial, donde se encontraron mensajes de WhatsApp en los que Yañez relataba agresiones sufridas. La defensa cuestiona la legitimidad de esa prueba y reclama su exclusión por considerar que fue obtenida de manera irregular.

    Durante el proceso, Fernández recusó al juez Ercolini alegando una antigua amistad surgida en la Facultad de Derecho y posteriores diferencias personales y políticas. Si bien los pedidos de apartamiento fueron rechazados en varias instancias, finalmente la Cámara Federal de Casación Penal aceptó la recusación para garantizar la imparcialidad del proceso. Sin embargo, el tribunal convalidó todas las decisiones previas tomadas por Ercolini para evitar la revictimización de la denunciante, una postura que ahora es cuestionada por la defensa de Fernández.

    En una extensa presentación de casi 200 páginas, los abogados del ex mandatario reclamaron la nulidad de todas las actuaciones, desde el hallazgo de los mensajes hasta el secuestro del celular, la imputación, el llamado a indagatoria, el procesamiento y el pedido de elevación a juicio. Sostienen que una recusación implica que todo lo actuado debe anularse y que la investigación debería reiniciarse, dándoles la oportunidad de proponer nuevas medidas probatorias.

    El futuro del caso ahora está en manos del juez Rafecas, quien debe aguardar que venza el plazo para apelar la decisión que apartó a Ercolini. Si no hay impugnaciones, Rafecas asumirá formalmente el control del expediente, aunque no se descarta que alguna de las partes cuestione su intervención por su relación pasada con el ex presidente. Incluso, el propio Rafecas podría optar por apartarse, lo que sumaría más incertidumbre al proceso.

    En paralelo, la situación familiar de Fernández y Yañez ha tenido novedades. Yañez regresó recientemente de España junto a Francisco, el hijo de ambos, reanudando el vínculo paterno-filial, que hasta entonces estaba judicializado. Fernández expresó públicamente su felicidad por el reencuentro con el menor.

    En su propia defensa, Fernández comparó su situación con la del protagonista de “El proceso”, la célebre obra de Franz Kafka, argumentando que la justicia argentina funciona como una maquinaria arbitraria y opaca. Según el ex presidente, se enfrenta a acusaciones infundadas y a un proceso en el que se le niega sistemáticamente el derecho a defenderse.

    Mientras tanto, la resolución sobre la validez del pedido de nulidad y el futuro judicial de Fernández permanece en suspenso, a la espera de los próximos movimientos en los tribunales federales.

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