Después de más de tres décadas de negociaciones intermitentes y documentos frustrados, el Mercosur y la Unión Europea dieron este viernes un paso decisivo hacia la firma de un tratado comercial de enorme alcance. El giro favorable de Italia, pese a las objeciones de Francia, habilitó el aval del Consejo Europeo y abrió la puerta a la rúbrica formal prevista para el 17 de enero en Paraguay.

Para la Argentina, analistas y representantes del sector privado coinciden en que se trata de una oportunidad estratégica. Marcelo Elizondo, presidente de la International Chamber of Commerce (ICC) en el país, y Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y directivo del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), destacan que el acuerdo puede redefinir el rol del Mercosur en el comercio global y reposicionar al país como proveedor clave de agroalimentos, energía y minerales para Europa.

Elizondo subraya que el entendimiento con la UE se convertirá en el primer gran tratado comercial del bloque sudamericano, que hasta ahora solo había logrado convenios parciales y de menor escala, sobre todo con países vecinos como Chile. Por su dimensión territorial y económica, se proyecta como el acuerdo comercial más amplio del mundo.

Las ventajas que ahora vuelven a escena ya habían sido defendidas en 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri y su negociador Horacio Reyser alcanzaron un entendimiento político con Bruselas. Más recientemente, la ex canciller Diana Mondino y su entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales, el embajador Marcelo Cima, insistieron en el potencial del acuerdo para atraer inversiones y abrir mercados.

Con la llegada de Gerardo Werthein a la Cancillería y el posterior desembarco de Pablo Quirno al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración de Javier Milei había puesto el foco en un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos. Ese entendimiento fue anunciado, pero no llegó a firmarse. Según fuentes cercanas al oficialismo, Donald Trump habría condicionado su avance a la aprobación en el Congreso argentino de reformas laborales y tributarias que el Gobierno buscará impulsar a partir de febrero.

En este contexto, el avance con la UE aparece como el canal más concreto de integración económica. Quirno celebró la decisión europea en la red X: “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques”. En otro mensaje, detalló que la Argentina y el resto del Mercosur accederán de forma preferencial a un mercado de 450 millones de habitantes, que concentra cerca del 15% del PBI mundial. Según el canciller, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, lo que implica que el 99% de las ventas agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas.

Un informe elaborado por el equipo de Idígoras describe al acuerdo como una “ventana estratégica” para la Argentina en un escenario global marcado por conflictos geopolíticos, guerras comerciales y debilitamiento del multilateralismo. La UE, tercera economía del planeta, importa anualmente alrededor de 220.000 millones de dólares en productos agroindustriales, pero la participación argentina apenas ronda el 3%. El objetivo del tratado es revertir esa baja presencia mediante un acceso preferencial y reglas estables para el intercambio.

El capítulo comercial prevé que el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur obtenga reducciones arancelarias en Europa. Para la Argentina, esto se traduce en rebajas inmediatas o graduales para soja y derivados, carnes, vinos, biodiesel, pesca, maní, frutas, alimentos procesados y diversas economías regionales. En productos considerados sensibles —como carnes, arroz, etanol, lácteos y miel— se fijan cuotas con volúmenes significativos.

Un punto clave para Buenos Aires es que la entrada en vigor será bilateral: el primer país del Mercosur que ratifique el acuerdo podrá utilizar la totalidad de las cuotas asignadas al bloque hasta que sus socios completen sus propios procesos internos. Esto abre una carrera por aprovechar antes que nadie el nuevo espacio exportador.

Elizondo remarca, además, que el tratado puede incentivar alianzas entre pymes europeas y argentinas, facilitar el acceso local a bienes de capital de alta calidad y ampliar la oferta de productos europeos para los consumidores del país. Desde el sector privado se sostiene que el acuerdo con la UE no implica un distanciamiento de China, con quien el comercio se expandió de forma acelerada en los últimos años. El propio Milei afirmó que su cercanía con Trump no lo llevará a restringir los vínculos comerciales con Beijing.

Más allá de las cifras, el entendimiento incluye compromisos que impactan en la política económica argentina. El país se obliga a no aplicar restricciones cuantitativas ni mecanismos discrecionales sobre exportaciones e importaciones con la UE, dejando atrás instrumentos como las antiguas DJAI o los ROE, al menos en el vínculo con el bloque europeo. También se compromete a eliminar, a partir del tercer año de vigencia, los derechos de exportación para los productos que se envíen a Europa, con excepciones limitadas. En el caso de la soja, las retenciones se fijan con un techo y se irán reduciendo de forma gradual hasta consolidarse en un máximo del 14% al décimo año. Para Idígoras, esto convierte al acuerdo en un “ancla” que acota los cambios bruscos de la política comercial argentina.

Otro capítulo central es el sanitario y fitosanitario, que fija plazos, procedimientos y canales de consulta para evitar barreras arbitrarias en el comercio de alimentos. En un contexto de regulaciones europeas cada vez más estrictas, la Argentina gana previsibilidad y un ámbito institucional para dirimir controversias, incluyendo por primera vez diálogos específicos sobre biotecnología e inocuidad alimentaria.

El texto incorpora también compromisos laborales y ambientales, reafirma el Acuerdo de París y procura desincentivar medidas ambientales unilaterales, sin mencionar de manera directa el polémico reglamento europeo sobre deforestación. En materia de propiedad intelectual, la Argentina reconoce 355 indicaciones geográficas europeas, mientras que la UE acepta 220 del Mercosur, 104 de ellas argentinas. Aunque esta cuestión generó resistencias por el uso tradicional de nombres considerados genéricos, se establecieron plazos de adaptación y excepciones para productores ya instalados.

La UE es hoy el segundo socio comercial del Mercosur y su principal inversor externo. Para la Argentina, el acuerdo no resuelve los desequilibrios internos, pero ofrece un marco de previsibilidad, acceso ampliado a mercados y una plataforma para integrarse a cadenas globales de valor. Desde el oficialismo, el asesor Santiago Caputo sintetizó la lectura política del Gobierno al afirmar en X que, bajo el liderazgo de Milei, la Argentina elige “competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad” y que, en ese sendero, “la Argentina será próspera”.