La investigación sobre el origen del dinero utilizado para adquirir una mansión en Pilar, valuada en alrededor de 17 millones de dólares y vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entró en una fase clave. El expediente, que tramita en el fuero Penal Económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky, busca determinar quién ejerció realmente el dominio del predio ubicado en Villa Rosa y cómo se administró durante años.

Desde este lunes comenzaron a desfilar por los tribunales empleados que trabajaban de manera cotidiana en la propiedad: personal de mantenimiento, seguridad y administración, además de los pilotos del helicóptero que realizaba viajes frecuentes a la mansión. Para los investigadores, sus testimonios son esenciales para reconstruir la cadena de mando real dentro del inmueble, más allá de las apariencias societarias.

El foco de las declaraciones apunta a despejar interrogantes concretos: a quién obedecían los trabajadores, quién impartía órdenes, quién autorizaba gastos, quién decidía quién podía entrar o salir y quién era reconocido en los hechos como máxima autoridad del lugar. También se les consulta sobre la rutina diaria, visitas habituales, movimientos de vehículos de alta gama y el uso del helipuerto, elementos que el expediente ya registra como indicios relevantes.

En paralelo, la causa sumó en los últimos días un elemento que reforzó las sospechas judiciales. Documentación incorporada al expediente, y a la que tuvo acceso el diario Clarín, muestra que la mansión contaba con un grupo de apoderados dotados de poderes muy amplios y con control operativo total sobre la propiedad.

Los apoderados identificados son Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón, Leticia Yaniello y Silvia Yaniello. Según la investigación, no se trataba de figuras decorativas: tenían facultades para administrar la mansión, coordinar al personal, aprobar gastos, gestionar cuestiones operativas del predio y actuar en representación del supuesto titular. Para la Justicia, ese nivel de atribuciones es incompatible con un rol secundario y constituye un indicio fuerte de que eran piezas centrales en el manejo diario del inmueble.

Detrás de esos nombres aparecen vínculos políticos y deportivos de alto voltaje. Capurro fue designado en el Senado por el ex gobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional Gerardo Zamora, mientras que Verón fue nombrado por el operador judicial kirchnerista Guillermo Scarcella. Zamora, a su vez, mantiene una relación de extrema cercanía con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

De acuerdo con la hipótesis que se investiga, las designaciones de estos apoderados habrían sido realizadas por el propio Toviggino, uno de los dirigentes más influyentes en la estructura de la AFA que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque el tesorero no aparece como propietario registral de la mansión, en el expediente se lo señala como presunto beneficiario real del predio. La titularidad formal recaería en una sociedad integrada por terceros, identificados como posibles testaferros: Ana Lucía Conte y Luciano Pantano.

Para los investigadores, la existencia de varios apoderados con poderes totales, vinculados entre sí por una misma designación, fortalece la sospecha de que Toviggino habría ejercido el dominio de hecho sobre la mansión, mientras la propiedad quedaba registrada a nombre de una estructura societaria interpuesta.

Las declaraciones de empleados y pilotos, que comenzaron este lunes y continuarán en los próximos días, marcan un momento de inflexión en un expediente que se movió incluso durante la feria judicial. El caso, además, está atravesado por una disputa de competencia: el juez penal económico Marcelo Aguinsky y el magistrado de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, reclaman la causa. La Cámara de San Martín debe definir qué juzgado seguirá al frente, pero la resolución se viene demorando sin explicación clara.

En otro frente de la misma trama, Aguinsky citó para el 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó un discovery en la Justicia de Estados Unidos que dejó al descubierto una red de firmas fantasma vinculadas a la empresa TourProdEnter, del empresario teatral y dirigente deportivo Javier Faroni. A través de esas estructuras en el exterior, se habrían canalizado fondos millonarios provenientes de la AFA, estimados en al menos 42 millones de dólares.

Por pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el juez le requerirá a Tofoni que, en calidad de testigo, aporte toda la documentación sobre movimientos financieros sospechosos atribuidos a Faroni, señalado como agente recaudador de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, según indicaron fuentes judiciales al mismo medio.

La eventual colaboración de Tofoni podría darle a la causa por la mansión de Pilar una dimensión internacional, al conectar una investigación iniciada en el ámbito local con presuntas maniobras financieras en el extranjero. Hasta 2021, Tofoni representaba a la AFA en el exterior, pero fue desplazado justamente por Faroni, hoy bajo la lupa por el circuito de compañías en el exterior al que se habrían girado los fondos de la entidad madre del fútbol argentino.